Los poseedores de unos 60.000 vehículos de matrícula venezolana (automóviles, camionetas y motocicletas) se acogieron dentro del tiempo previsto por la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, al proceso de registro en Norte de Santander.

Ahí se probó lo importante que era meter en cintura ese parque automotor extranjero que pagó en impuestos $1.544 millones correspondientes al último trimestre del año pasado.

Con aquel trámite que le puso límites a la presencia de automotores venezolanos en poder de habitantes en el departamento, se creía que iba a cerrarse dicho capítulo. Pero no. Lo que se han escrito son más episodios sobre este asunto que pareciera no tener fin.

Por un lado están las 15.000 motos y 20.000 carros con placa de Venezuela que siguen circulando en Cúcuta y otros municipios del departamento sin haber cumplido ese requisito. Las autoridades locales le han planteado al Gobierno Nacional que reabra el proceso durante un tiempo prudencial para que se acojan quienes no lo han hecho.

¿Y si los demás lo hicieron a tiempo y dentro de lo ordenado, por qué debe darse una nueva oportunidad?  ¿Quién garantiza que esto no pase a convertirse en un incesante abra y cierre? 

¡Ojo! que no vaya a terminar pasando con el registro lo mismo que ha sucedido con los cupos de taxis en el área metropolitana de Cúcuta, donde hay una inmensa mancha amarilla debido a ese manejo laxo que se le ha venido dando por parte de las administraciones municipales.

Quienes se acogieron a la medida, los concesionarios que venden carros y motos de placa colombiana y los mismos compradores, son quienes en últimas sufren los coletazos porque todo el esfuerzo hecho resulta ser en vano, al seguir ‘abierta’ la frontera a los automotores procedentes de territorio venezolano.

La perfecta descripción de lo que sucede en la región la entregó Sergio Palacios, presidente de Fenalco seccional Norte de Santander y representan de la industria automotriz en la región: “(...) hoy en día estamos plagados de camionetas de alta gama venezolanas, carros convertibles y otros de las marcas más lujosas del mercado que abiertamente son de contrabando y las autoridades lo saben”.

Eso causa decepción y hasta puede poner a pensar a las personas que pretendían comprar un carro nuevo de placa de Cúcuta, Villa del Rosario o Los Patios, porque les podría parecer mejor invertir en esos vehículos extranjeros sin tener que tributar ni pagar seguros ni cumplir ninguna norma al cundir el mal ejemplo.

Luego la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera están en la obligación de acatar la ley al pie de la letra, con sus puntos y comas, y sacar de las calles esos automotores venezolanos de modelos posteriores a 2015 que no pueden estar circulando por carreteras de Norte de Santander ni por las calles de Cúcuta, Ocaña o Pamplona -por   ejemplo- porque están violando la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 y son de contrabando.

Y, segundo, una vez se determine si habrá una nueva oportunidad para que se termine de hacer el registro, pero con el cuidado de que no se vayan a colar quienes por norma han quedado por fuera, las autoridades aduaneras ejecuten las operaciones anticontrabando contra el parque automotor extranjero que se encuentre en el departamento. Insistimos, si no hay rigidez, terminaremos en el juego en que se convirtió el cupo de taxis.