Dos masacres, secuestros exprés, extorsiones, asaltos, amenazas de grupos alzados en armas para impedir algunas obras, obstrucción y ataques en  las carreteras y amenazas de diversa índole hacen parte del cuadro de inseguridad que enfrentan habitantes de la región comprendida por los municipios de Ocaña, Ábrego, Bucarasica,  Convención y El Carmen.

Los consejos de seguridad se han desarrollado y hay hasta números habilitados para procurar aplicar acciones especiales contra algunos delitos, pero lo cierto es que en esa zona de Norte de Santander la zozobra acompaña a la población que por un lado lucha contra la pandemia del coronavirus, y que vive bajo amenaza permanente de la inseguridad.

La provincia de Ocaña que hace parte de una región tan importante como lo es el Catatumbo, es una de las vías que conectan al país con la Costa Atlántica, razón más que suficiente para que sea merecedora de atención real en sus pedidos, porque los hechos hablan de que debe hacerse mucho más en materia de controlar y recuperar la tranquilidad.

Muchas situaciones relacionadas con las llamadas economías ilegales repercuten con esos estados de degradación de las condiciones de orden público, como lo sucedido en la arteria troncal al aeropuerto de Aguas Claras, donde personas armadas atravesaron una tractomula, al parecer en represalia por el decomiso de gasolina de contrabando.

Así como hay unidades del Ejército que están encargadas de cuidar y vigilar la infraestructura petrolera, el Ministerio de Defensa debería coordinar con la Segunda División del Ejército y la Brigada 30, para disponer unidades  que adelanten patrullajes continuos por varios sectores de la carretera Ocaña-Cúcuta.

Es igualmente importante que el Gaula de la Policía mantenga una acción constante en esas localidades para ir tras la pista, con sus labores de inteligencia, de las organizaciones que se lucran del secuestro de personas a quienes mantienen en su poder por unos días, mientras amenazan a sus familias para que consigan rápidamente las sumas de dinero que exigen para liberarlas.

Obviamente que dar un número para que uno denuncie y no pague, es una estrategia, esto hablando en materia de extorsión, pero debe entenderse que no solamente sería la solución porque en áreas como la provincia, el poder intimidatorio es  mayor para desalentar la posibilidad de denunciar la ocurrencia de los delitos.

El Eln, Los Pelusos, Los Caparros y Los Rastrojos son las estructuras señaladas por el Gobierno Nacional de desatar la oleada de violencia que se registra tanto en la zona catatumbera como ocañera que está conectada y quienes en estos sectores nortesantandereanos habitan esperan los resultados de los planes activados para enfrentarlas. 

“Hemos tomado decisiones de carácter operacional para seguir desmantelando esas estructuras”, fue el anuncio que dejó el presidente Iván Duque en su visita del pasado 3 de septiembre. El mes se acabó y de acuerdo con lo expuesto por la comunidad el panorama no ha cambiado y la inseguridad ya no es percepción, sino un enemigo que está a la vuelta de la esquina.

Habrá que esperar que la idea de Duque de que en el Catatumbo la forma para arrebatarle el poder a los grupos armados y delincuenciales que allí operan “no es solo militar sino integral”, se fructifique con las inversiones anunciadas por más de $620.000 millones en diversos proyectos.