La lucha contra la corrupción dejó de ser un simple programa del gobierno y se convirtió en una política de Estado. Fue el resultado de la reunión convocada por el presidente Iván Duque, con participación de todos los sectores políticos del país.

El acto, con apariencia de rutinario, está llamado a generar fundamentales y definitivos cambios en la práctica política colombiana: el objetivo es darles forma a los siete puntos por los que votaron 12 millones de colombianos en la consulta del domingo pasado.

Esos cambios se deberán traducir en relevos de las castas políticas corruptas que se adueñaron del Estado y, en especial, de sus recursos, y contra las que, al menos hasta ahora, nadie ha podido, muchas veces por el peligro de muerte que amenaza a quien denuncia o a quien investiga.

Desde luego, toda la lucha será efectiva en la medida en que al pueblo se le dé participación en los mecanismos de control, y en la eficacia y la eficiencia que desplieguen los órganos de justicia.

El hecho de que el acuerdo surgido de la reunión haya recibido el respaldo de todos los sectores políticos, desde la Farc hasta el Centro Democrático, pasando por sectores contrarios y también afines del gobierno, garantiza, al menos en teoría, que hay interés en erradicar un cáncer que se hizo carne y hueso del cuerpo social…

Si se mantiene firme la intención y si se materializan los mecanismos que se acordaron, la administración de lo público podría ir por el camino que debe ser, no por los atajos, como lo indica la cultura de la ilegalidad en la que Colombia se sumió desde hace décadas.

Si el combate contra la corrupción y los corruptos, no solo del sector público, se pelea a fondo, las costumbres políticas, en especial las que se relacionan con las actividades electorales, cambiarán, y con ellas cambiarán también las mafias que se han enquistado en las administraciones regionales.

A Norte de Santander, esta nueva política puede generarle muchos beneficios, al permitir que nuevas dirigencias, y en lo posible nuevas fuerzas, asuman el control del departamento, al que en el resto del país miran con desconfianza y califican de ser uno de los más corruptos.

La participación ciudadana en la toma de decisiones es fundamental —pese a que está garantizada legalmente, no funciona—, tanto para reorientar el gasto del dinero público hacia donde debe ir, como para controlar que los dineros no cambien de camino, como ocurre ahora.

Pero, para ello, es necesario reforzar los sistemas de apoyo y de garantía de la seguridad personal, si no se quiere que la larga lista de víctimas de veedores y de defensores de la comunidad se haga más larga aún.

Es importante reiterar que pocas decisiones de Gobierno han sido producto de acuerdos multipartidistas como este, al que ninguna fuerza partidista faltó, lo que se tiene que traducir, desde luego, en seguridad de que lo acordado se llevará a cabal cumplimiento.

Y, en este caso sí, duélale a quien le duela.