Toda la razón le asiste al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, de exponer la iniciativa de contar con un modelo propio pudiera decirse -de nortesantandereanos para nortesantandereanos- en el campo de la sustitución de los cultivos ilícitos en el departamento.

Nadie sabe mejor lo que ocurre en las regiones que la gente de la zona, los gobernantes locales, los representantes de las comunidades y las autoridades locales, puesto que aunque somos una sola Nación, a  rajatabla no se pueden aplicar determinaciones diseñadas por burócratas del interior del país.

En el asunto de la hoja de coca que tenemos en abundancia en el Catatumbo, hay además un elemento muy grave que nos distingue de otras áreas colombianas, y es que ahora ya la tenemos en Cúcuta, en varios sectores del área rural de la capital departamental.

El aspecto que se debe entender y del que tienen que partir las estrategias, es que a las personas que se han visto obligadas a tomar el rumbo del cultivo de la hoja de coca no se les puede ni estigmatizar ni señalar de delincuentes o de estar vinculados a los grupos armados ilegales o carteles de la droga que llegan a estas áreas en búsqueda de la materia prima esencial para la elaboración de la cocaína.

Para advertir la inmensa gravedad que se oculta detrás de este problema al cual muchos en Colombia plantean que se debe combatir con mayor contundencia, con fumigaciones y hasta con judicialización, debemos recordar que 230.000 familias campesinas, indígenas y negras   dependen de este cultivo en nuestro país.

Ese es un número que nos debe  llamar a la reflexión lo mismo que  llenarnos de preocupación, razones por las debe ser puesto en el centro del debate y no solamente el número de hectáreas cultivadas que cada cierto tiempo o el gobierno de Estados Unidos o la oficina especializada de la ONU difunden para apretar tuercas y reclamar más acciones en la lucha antidrogas.

Así como los Estados son tan severos en la aplicación de las medidas para intentar acabar los llamados cultivos ilícitos, de la misma rigurosidad sería bueno fueran las medidas para conjurar las situaciones que han llevado a las personas a buscar el sustento en la hoja de coca: la pobreza, la desigualdad social y las carencias de asuntos básicos como son la falta de vías para sacar los productos a los centros de consumo.

Y ahí encaja perfectamente el planteamiento del gobernador Silvano Serrano, en el sentido de que “debemos entender que nuestro departamento es un territorio multicrisis y hay que concertar con la comunidad, oírla y conocer las alternativas que puedan surgir dentro de ese diálogo social”.

Es de resaltar que el modelo planteado contaría con el respaldo de instituciones de cooperación internacional, involucraría a la comunidad de los municipios que han manifestado su intención de dejar atrás esta práctica ilegal y, para ello, se contempla un fortalecimiento social, donde exista un componente productivo, económico y de inversión para la zona.

Pero como así en el combate de las drogas ilícitas se oyen alternativas diferentes a las de carácter policiaco, en el aspecto de la sustitución hay que empezar a trazar otras estrategias y la regional como la sugerida por Serrano es de alta valía, porque aprovechando que estamos en otra realidad, lo que se hizo en el reciente pasado pareciera que no era lo adecuado y llegó la hora de ser propositivos para combatir a ese enemigo desde una arista distinta, empezando a pagar la gran deuda social con el campo local.