Lo que mal empieza, mal acaba, y en el accidentado concurso para la Personería de Cúcuta vemos que la ‘jugadita’ en el Concejo terminó sacándoles, en principio, tarjeta amarilla a quienes decidieron adoptar la postura de querer convertir los organismos en herramienta para someter al contrario.

Martín Herrera, que en este 2020 concluyó su periodo de personero, hoy está suspendido por la Procuraduría,  entidad que también les acaba de abrir investigación formal a los diez concejales que votaron para que él siguiera en ese puesto mientras se hacía la elección.

Recordemos que Herrera intentó una especie de perpetuación volviendo a participar para el nuevo período quedando por fuera de la lista de elegibles, al sacar bajos puntajes, pero recibiendo el premio de consolación del encargo, en lo que se presume como una violación de la ley.

Ocupar una curul en el Concejo implica conocer las responsabilidades penales, disciplinarias y administrativas en que se incurren en el evento de tomar determinaciones de claro tinte ‘revanchista’ y de favorecimiento a ciertas castas políticas locales, al mantener severas y marcadas diferencias con la administración de turno.

En este caso, los diez miembros de la corporación deberán probar si conocían o no, que a los personeros las inhabilidades se les extienden hasta un año después de culminada su labor y recordar que no conocer la ley, no exime de culpa.

Ahí ya se advierte que más de medio cabildo cucuteño  tiene bastante qué explicar y a profundidad, en este procedimiento que lamentablemente en Colombia estuvo plagado de problemas y de artimañas de todo orden.

¿Será que pudieron más los intereses políticos que las consideraciones jurídicas?, es una de las preguntas que quedan en el ambiente cuando el ciudadano nota que sus representantes en el cabildo prefirieron irse en contravía de las normas que señalaban que por ahí irían hacia un camino equivocado.

La ciudad muestra cansancio frente a estas escandalosas e inexplicables actuaciones de los coadministradores del municipio, así haya quienes afirmen que su investidura les daría potestad para actuar como lo han venido haciendo en este caso.

Genera desasosiego que sea tratada como botín politiquero la entidad municipal que tiene la misión no solo de trabajar por su ciudad, sino también de otras funciones como las de proteger los Derechos Humanos-tan degradados en estos tiempos-y de emitir alertas tempranas para prevenir masacres y desplazamientos como los ocurridos este año en la zona rural de Cúcuta.

Al notar que se ha vuelto un lugar común hablar del cambio de costumbres políticas y de actuaciones en favor de las mayorías, queda entonces esperar que sea la justicia, con sus códigos y normas, la que se encargue de ponerle freno a que los concursos de meritocracia para la designación de funcionarios en cargos como estos,  terminen siendo manipulados.

Bochornosos espectáculos como estos, que debilitan la democracia local, tienen en el elector primario la posibilidad de seguirse presentando o de extinguirse para siempre, y el poder Legislativo, en una actuación de lealtad con los territorios, aprobar la ley que defina el mecanismo expedito para elegir contralores y personeros, pero sin colgarle ‘micos’ ni leguleyadas que les sirvan a la politiquería de turno.