Apostolado es la labor misional a cumplir por parte de los líderes sociales que están en la mirilla de los violentos en Colombia, que en el periodo 2016-2019, de acuerdo con estadísticas de diversas fuentes, han segado entre 555 y más de 800 “vidas que estaban dispuestas a la causa de la construcción de nuestra Nación”, como lo describiera el defensor del Pueblo, Carlos Negret.

Pero lo más degradante es que el macabro conteo no cesa. En los 44 días de 2020, en solo Norte de Santander han muerto violentamente Fernando Quintero, en Convención; Víctor Manuel García, en Hacarí; así como Jesús Ospina Velásquez y Julio César Sandoval, en Tibú.

Enero empezó marcando un pico muy alto en Colombia. La Misión de Observación Electoral (MOE) reseñó que en el primer mes del presente año cayeron bajo las balas 19 líderes sociales, comunales y  políticos en el país, que ya lo convirtió en uno de los más sangrientos para estas  personas que con su tarea ayudan a mantener cohesionado el tejido social.

Mientras persiste el debate sobre la sistematicidad o no en estos crímenes, las crudas y frías estadísticas se encargan de enrostrarnos que de verdad algo muy grave sucede, porque enero de 2016 fueron 5 los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, en el mismo mes de 2017 subió a 11, en ese lapso de 2018 la estadística mortal llegó a 18, en 2019 pasó a 16, mientras que, como ya vimos, enero de 2020 se trepó a los más  alto de cuesta.

Desde sus respectivos roles se escuchan advertencias sobre lo que hay que hacer para tratar de contener este capítulo de sangre. Para Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores “el problema es que la política no funciona. Sean 30, 40 o 50, eso es no problema. Es un asunto de seguridad para los líderes”.

El procurador Fernando Carrillo también ha puesto el dedo en esa herida abierta que afecta al posconflicto, con una  aseveración que eleva el debate, al reclamar la urgencia de “detener el sistemático asesinato de líderes sociales” y solicitarle al Gobierno Nacional la inmediata convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para enfrentar esa amenaza latente.

De verdad que el jefe del Ministerio Público tiene toda la razón en reclamar que por favor se  haga algo frente a este hecho que también ha despertado la preocupación internacional, como recientemente lo hizo la ONU por las  intimidaciones, amenazas y crímenes contra los defensores de derechos humanos del ámbito comunitario, líderes medioambientales y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos.

Ojalá la anunciada nueva titular del Ministerio del Interior, Alicia Arango, ponga en el radar este  asunto y de las palabras se pasen a los hechos, dejando de lado excusas como aquella de que ‘no podemos ponerle un policía a cada colombiano para que lo proteja’ ni cosas por el estilo. Perfectamente la Constitución Política en su artículo 11 señala que “el derecho a la vida es inviolable”, luego es un deber del Estado protegerlo, no solo desde el punto de vista policíaco, sino generando las condiciones para ello.

Cada uno de estos asesinatos es una herida mortal para comunidades que tenían en ellos la voz que las representaba y luchaba para sacarlas de la  marginalidad, que defendía sus derechos humanos y les daba la esperanza de que la protección del medio ambiente, la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales y la exigencia al Estado por una mejor educación, constituían el camino a la redención.  ¡Lástima que estén matando esa esperanza!