Son incalculables los daños materiales y económicos así como las pérdidas en vidas humanas que dejan en Colombia los desastres naturales y las tragedias no tan naturales que con frecuencia nos estremecen. 

En muchas ocasiones, por la imprevisión y la irresponsabilidad de las autoridades y de las propias comunidades.

El Departamento Nacional de Planeación elaboró un documento técnico con datos escalofriantes, según el cual “6,7 millones de colombianos, equivalentes al 13 por ciento de la población del país, son vulnerables y están en riesgo ante inundaciones, avalanchas y desastres”. 

Para los expertos, esa alta vulnerabilidad se presenta por nuestras características físicas, geográficas, económicas, sociales y de biodiversidad, por lo que es de vital importancia y de urgencia generar la capacidad de entender las consecuencias que denotan los cambios en el clima, evaluando las amenazas sobre las comunidades en riesgo, previendo los impactos en los territorios, ecosistemas y economías, moderando los daños potenciales, tomando ventaja de las oportunidades y enfrentando las consecuencias de un fenómeno como el llamado cambio climático y sus impactos para nuestra nación. 

Una muestra de tan alta vulnerabilidad social, económica y ambiental de Colombia está en el balance de pérdidas cercanas a los 11,2 billones de pesos, 3,2 millones de personas afectadas y el 82 por ciento de los daños causados en los sectores de vivienda e infraestructura que dejó el fenómeno de La Niña, entre los años 2010 y 2011.

En Norte de Santander sufrimos la aparición, los desarrollos y las consecuencias de este fenómeno climático. 

La reconstrucción de Gramalote y los daños a nuestra endeble infraestructura vial todavía no se han logrado a satisfacción, a pesar de los esfuerzos y recursos invertidos por el Gobierno Nacional. 

Para la presidenta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Maryluz Mejía de Pumarejo, hay que poner la máxima atención sobre el manejo del recurso hídrico en el país  que se refleja en el poco valor que le dan los usuarios a un bien tan estratégico como el agua, al no usarla en la forma más racional posible. 

Esto debería ir de la mano con el esfuerzo que realizan las empresas prestadoras de servicios públicos para controlar y reducir las pérdidas técnicas. 

También es fundamental, en opinión de la doctora Mejía de Pumarejo, que las industrias fortalezcan sus prácticas de optimizar consumos y reutilización del agua requerida en sus procesos.

Igualmente plantea la necesidad de hacer énfasis en la gestión del recurso hídrico por cuencas, de tal manera que los proyectos de adaptación sean fundamentalmente regionales y multisectoriales, es decir, que contemplen reforestación a gran escala, embalses multipropósitos y regulación hídrica, entre otros aspectos.

Finalmente propone la creación de la Agencia Nacional del Agua como una entidad altamente técnica, descentralizada del orden nacional y adscrita al Ministerio de Ambiente, que sea transversal a todos aquellos sectores que involucren en sus actividades de consumo del recurso hídrico. 

No necesariamente implica una mayor burocracia, simplemente es agrupar funciones que se encuentran dispersas en distintos ministerios. 

Y destaca que eso es lo que requiere un país que toma en serio las amenazas del futuro. Es necesario desde ya gestionar y programar recursos para ejecución de inversiones importantes en reforestación, regulación de cuencas, construcción de infraestructuras, tal como se ha hecho históricamente para el sector eléctrico. Debemos estar preparados para lo peor en lo que respecta al cambio climático y hay que hacerlo ya, antes que sea demasiado tarde.