En buena hora, el presidente Iván Duque ha anunciado la decisión de su Gobierno de presentar en los próximos días al Congreso – con mensaje de urgencia – un proyecto para ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años más. 

Ha ratificado también el presidente Duque el compromiso de su Gobierno de cumplirles a las víctimas todos los acuerdos que se pactaron para su atención y reparación. 

Como es sabido, en junio del año 2021 la Ley de Víctimas llegará a su fin sin haber cumplido a cabalidad sus propósitos y metas. Esa fue, precisamente, una de las razones que llevaron a los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, a demandar el artículo de la Ley que establece su vigencia.

En audiencia pública en la Corte Constitucional, el exministro Cristo sostuvo que esa ley tiene una relación directa con el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las Farc tras más de 50 años de lucha armada, y específicamente en lo que concierne a la reparación de las víctimas, por lo que debería ampliarse por lo menos hasta la vigencia de ese acuerdo, es decir, hasta el año 2030.

La extinción de la Ley de Víctimas generaría una violación grave de derechos fundamentales. En lugar de fortalecerse y ampliarse la oferta de medidas de reparación, se estaría cesando el accionar de dichos mecanismos, lo que contraría de forma evidente la estructura constitucional que se diseñó para la implementación del acuerdo de paz.

La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas reconoció por primera vez la existencia del conflicto armado vivido en Colombia en los últimos 60 años. Se han reconocido 8’895.978 víctimas de este conflicto, y 7’169.247 son o podrían ser sujeto de atención o reparación. Hasta ahora han sido indemnizadas 957.000, es decir, que en ocho años apenas se ha reparado el 13 por ciento de las víctimas. 

En lo que respecta a la sustitución de tierras los resultados también son pobrísimos. Según cifras de la Unidad de Tierras, de 23.128 solicitudes – que equivalen 112.357 predios – se les ha dado trámite al 80 por ciento. Sin embargo, hasta la fecha solo hay 4.581 predios con orden de restitución proferida por un juez de la república, que corresponden a 370.000 hectáreas, una cifra muy pequeña frente a las tres millones que se estiman deben ser restituidas. 

Ha sido un proceso desgarradoramente lento y tortuoso como ocurre con muchos otros asuntos de nuestro paquidérmico aparato estatal. A este ritmo desesperante de lentitud, reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia tardará 120 años, lo que quiere decir que muchas morirán sin que alcancemos a repararlas o atenderlas en la forma debida.

Al anunciar la presentación del proyecto para ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas, el presidente Duque se ha comprometido también a actualizar todos los decretos con fuerza de ley que igualmente extiendan esa cobertura con el criterio de diferenciación por grupos étnicos.

“Nosotros como gobierno queremos seguir cumpliéndoles a las víctimas, atenderlas con todos los programas y queremos que la reparación sea una realidad”, ha dicho el presidente de la República.

Las víctimas y los colombianos en general esperan que así sea.