Los escenarios tienden a ser los mismos. Pareciera que el tiempo se detiene para mostrar una campaña electoral y unas votaciones empañadas por las amenazas, las acciones violentas, los asesinatos, la intimidación, el constreñimiento y el riesgo contra la transparencia. Lastimosamente, para los comicios que se avecinan el panorama de nuevo es violento y tormentoso. Así se deduce de las graves declaraciones que entregara la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

“Es la posible captura del Estado por parte del crimen organizado, a través de actos como financiación ilegal de campañas, corrupción y distintas formas de violencia hacia la comunidad y los líderes”.

Lo dicho por una de las más importantes integrantes del gabinete presidencial es de tal magnitud que se esperarían por parte de la administración del presidente Iván Duque las más contundentes acciones para la defensa de la democracia local, piedra fundamental de la institucionalidad colombiana.

Lamentablemente, las alcaldías y gobernaciones no son solo apetecidas por los políticos corruptos o los contratistas voraces que tienen los presupuestos como si fueran parte de sus chequeras personales, sino que también se las disputan organizaciones paramilitares, guerrilleras y mafiosas, esquilmando, ambos orillas, los recursos de la salud, de las regalías, de la educación y buscando concesionar todo lo que se les ocurra para obtener réditos personales.

Las advertencias de los organismos de control y de organizaciones que le siguen la pista a la jugada electoral en Colombia, llenan las redes sociales y los medios de comunicación con sus múltiples advertencias sobre esta clase de riesgos, pero al final, como en la canción, todo sigue igual, y el libreto de hace, cuatro, ocho o doce años, pareciera calcarse. 

Ahora la MOE, como lo señalamos, también lanzó su propia advertencia. Y pensaría el electorado, en particular, y la comunidad, en general, que ha llegado la hora de hacer un compromiso entre la sociedad y el Estado para desmarcarse de esos factores debilitadores y de desestabilización, acompañados por decisiones que conlleven a devolver la seguridad, a consolidar el proceso de paz, a someter y enviar al cuarto del olvido, con rejas bien fuertes, a la corrupción y sus promotores.   

Una reforma electoral, es indispensable. Una reforma política, también es fundamental. Una estrategia contra la corrupción es urgente, y sin más estratagemas para hundirla, como pasó en legislatura que concluyó. Pero en este frente debe el presidente y su equipo la búsqueda de un gran acuerdo nacional en que los partidos políticos, tanto los de gobierno, como los coaligados y los de oposición para desde la normatividad cerrarle el camino a esas amenazas altamente peligrosas y riesgosas.

Por último, a cerca de cuatro meses de ir a las urnas, todo indica que deben desempolvarse los pedidos al electorado que no se deje llevar por los cantos de sirenas, que evalúe a conciencia por quién van a sufragar, que adquiera conciencia de que la democracia participativa implica una gran responsabilidad porque de la manera en que ellos piensen y actúen, esos serán los resultados que verán durante el periodo en el que llegarán a sus puestos de comando los gobernantes locales electos. ¡La responsabilidad de marcar el tarjetón es de tal magnitud, que ahí se juega el futuro de una ciudad o un departamento.