En Colombia, cuando no es el agua, es el fuego, y cuando no son estos dos elementos que al momento de salirse de control arrasan con lo que encuentren a su paso, ocurren situaciones relacionadas con movimientos de tierra, desplomes de obras, entre otros desastres provocados o no por la naturaleza. Otra vez Mocoa. Otra vez los incendios forestales. Otra vez los deslizamientos que taponan carreteras.

La capital del Putumayo, que apenas se estaba recuperando de un primer embate de la naturaleza que ocasionó una avalancha que causó muerte, dolor y destrucción, ahora volvió a padecer los impactos demoledores de la creciente de los ríos  Sangoyaco, Mulato y Mocoa.

Al darse esta situación en ese departamento, y aquí en Norte de Santander al registrarse problemas por las lluvias en Labateca, Toledo y Chitagá, cobran vigencia dos afirmaciones que hiciera el duranense exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez.

La primera, relacionada con la importancia de incluir la gestión de riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) como lo determina el Decreto 1807 de 2014, para lograr que cada peso invertido en la mitigación del riesgo de desastres  conlleve a ahorrarse hasta siete, en la atención de las víctimas.

Para la UNGRD, en Colombia las mayores preocupaciones se relacionan con los riesgos de deslizamientos, inundaciones y remociones en masa. De acuerdo con el antiguo director de dicha entidad, esto situación obligó a aplicar la normatividad de manera retrospectiva, es decir, a revisar qué se hizo mal en el pasado para mitigar las consecuencias de la urbanización en zonas no permitidas, como cuencas y orillas de ríos. Y también para impedir que se siga construyendo bajo ese esquema. 

En la gestión de Márquez en la UNGRD, donde fue reemplazado por Eduardo José González, se empezó a trabajar en ese frente, en 800 municipios en los 32 departamentos del país.

Esa misión debe continuarse para contener situaciones como las que ocurren en Cúcuta, donde hay gran cantidad de viviendas construidas en zonas de alto riesgo. El documento de formulación final del POT de la capital de Norte de Santander señala que más de 57 barrios están ubicados en zonas consideradas en condición de riesgo. De acuerdo con ese mismo estudio que adelantó la consultora del Plan de Ordenamiento, en la ciudad hay 699 hectáreas en áreas de riesgo, que equivalen al 8,2 por ciento del territorio urbano cucuteño.

Por lo tanto, es fundamental continuar con el desarrollo de esta política de Estado en perfecta coordinación nacional, departamental y municipal, con el acatamiento de las normas y la imposición de las mismas con la finalidad de que los municipios y departamentos vayan ordenándose en cuanto a declarar inhabitables determinados lugares previamente identificados como no aptos para levantar cualquier tipo de construcciones y destinarlos a otros usos, sin posibilidad de que lleguen a ser modificados mediante acciones por fuera de la ley. 

Además, en la prevención es importante la educación a los habitantes en cuanto a su actuación ciudadana, por ejemplo, no botando basura en las alcantarillas, no destruyendo los bosques, manteniendo un comportamiento amigable con la naturaleza y siendo conscientes de que las acciones destructoras con ella, tienen sus consecuencias igualmente destructivas.