Este año en que la humanidad fue puesta contra la pared por la pandemia del coronavirus, no se ha dejado de hablar y de exponer lo grave y calamitoso que para la red pública hospitalaria resulta ser la politización en el manejo de esas entidades que deben ser vitales para salvar vidas y no para engordar billeteras y favorecer a ciertos clanes.

Por eso llama poderosamente la atención lo ocurrido en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, con la cascada de males que siguen detectándose por parte de la Superintendencia de Salud, que decidió intervenirlo.

Queda claro que algo no andaba muy bien en esa institución al servicio de los ocañeros, al adicionarse a los 87 hallazgos, hay nuevas presuntas irregularidades de carácter administrativo, contractual, financiero, asistencial y jurídico, evidenciadas por parte del agente especial interventor.

Para que todo se aclare, es inobjetable la importancia que a este caso deben darle la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que actúen desde sus distintas instancias.

Aquí lo importante es que aspectos como el de la concentración de contratos en pocos proveedores donde habría  un favorecimiento a 6 contratistas por $35.672 millones, que representan el 39,4% del presupuesto de la vigencia 2020, debe de ser fuertemente castigado luego de tenerse las suficientes evidencias.

Aquí no hay una condena anticipada a nadie ni mucho menos, razón por la cual es indispensable que se le permita a la Superintendencia de Salud, por medio de la figura de la intervención, actuar en procura de lograr que el centro asistencial cumpla su misión de salvar vidas y procurar una atención adecuada a los pacientes.

Espectáculos como el que se vivió a lo largo del 21 de diciembre a las afueras del Emiro Quintero Cañizares, donde las ‘barras’ del gerente que fue separado del cargo, esperaban su ‘triunfal’ regreso, no queda nada bien.

Este no es un duelo para mostrar poderío ni quien es más fuerte ante las instancias judiciales ni mucho menos una acción de rebatiña para simplemente cambiar de ‘patrón político’ en el hospital, porque de ser así podría resultar siendo peor el remedio que la enfermedad.

Hechos como el que ocurre en la segunda ciudad de Norte de Santander debe llamar a la reflexión sobre la urgencia de hacerle profundas y radicales transformaciones al sistema de salud en Colombia, con una reforma estructural que se ajuste a los principios constitucionales.

Recordemos lo expuesto por la Carta Magna: “Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. Luego ahí está el faro para que ilumine al Gobierno, el Congreso y la sociedad en la estructuración de una nueva y sólida política pública de salud.

Y para que lo que se construya no vaya a ser destruido por la corruptela y las triquiñuelas políticas, hay que dejarse muy en claro que los hospitales no son botín burocrático de ningún grupo ni dirigente político en particular ni elementos de negociación para componendas de ninguna clase. Eso debe de erradicarse.

Es hora de no permitir más prácticas indelicadas y abiertamente contrarias a la ley como la celebración indebida de contratos, el favorecimiento a determinados proveedores o contratantes, porque la salud de los colombianos no es una herramienta para el enriquecimiento de unos pocos que se aprovechan y la convierten en mercancía para satisfacer sus voraces apetitos. ¡La salud es un derecho y no un botín!