Lastimosamente, en Colombia se anuncian determinaciones al calor de los acontecimientos que después, a lo largo del tiempo, quedan como solo titulares de prensa, determinaciones congeladas o planes archivados, porque finalmente terminan siendo simples enunciados para recibir la alabanza y aplauso de la galería enardecida, pero que luego van a la gaveta.

Es como si se tratara de un populismo elaborado a la medida de las circunstancias para crecer en las encuestas de favorabilidad, mostrar las instituciones cierta eficacia ante los acontecimientos que pareciera querer arrollarlas y exponer ante la gente del común una robusta y contundente operatividad para enfrentar los males que aquejan al ciudadano de pie. 

Sucedió con la reforma política, luego con el estatuto anticorrupción y ahora se vuelve a poner en el escenario la cadena perpetua para los violadores de menores de edad. 

En el primero de los casos se le vendió al país la alternativa de tener la llave para que la política, como decía el inmolado Luis Carlos Galán, fuera el arte de servir a los demás más nunca la actividad para servirse a uno mismo. El proyecto de acto legislativo llegó al Congreso de la República, hizo un accidentado trámite hasta que el mismo Gobierno procedió a retirarlo con la siguiente afirmación lapidaria de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez: “la Reforma Política sin la lista cerrada no vale la pena”. Y ahí se acabó todo.

Ningún beneficio para los corruptos, como por ejemplo el de eliminarles la casa por cárcel y mandarlos a una celda en prisión así como ocurre con los demás presos en Colombia, fue lo que se prometió hacer con los eufemísticamente llamados delincuentes de cuello blanco. Los aplausos resonaron. El compromiso se hizo casi que con la gravedad del juramento.

Pero, lamentablemente, el respetable público salió desilusionado. No hubo tal. El proyecto anticorrupción hizo agua para naufragar en el Congreso de la República en medio de inverosímiles situaciones, tales como la del surgimiento de un ‘conciliador fantasma’.

Ahora, en Guaviare acaba de presentarse el espantoso caso de la violación y asesinato de una niña de diez años. Lamentablemente, este crimen se suma al de Yuliana Samboní muerta brutalmente en Bogotá. Aparte de constituirse en aberrantes hechos contra la niñez, estos y otros hechos sangrientos se enlazan con una propuesta muy particular, que pareciera ser desempolvada justo para mostrar los dientes del Estado frente a estos depredadores sexuales y asesinos de niños y niñas: la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.

Los tropiezos siempre la han caracterizado. No fraguó cuando la ya fallecida exconcejala de Bogotá, Gilma Gómez, intentó una reforma de la Constitución en su artículo 34 que prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Este intento se dio luego del rapto, violación y asesinato de un bebé de 11 meses.

En el histórico figura cuando hace cuatro años el senador David Name anunciara un proyecto en ese sentido, que nunca presentó, al levantar su voz por el crimen de cuatro hermanos en Florencia Caquetá.

La violación y asesinato de la menor Yuliana Samboní movieron de tal manera los hilos de la sensibilidad nacional que se presentaron varias alternativas para castigar severamente esta clase de delitos. Y acaba de ocurrir la muerte violenta de la pequeña Sharik, en Guaviare, y es el presidente Iván Duque quien aviva el debate de la cadena perpetua… Amanecerá y veremos.