Como si ya no bastaran las guerras del centavo, la mercantilización de la salud desató en Cúcuta un conflicto entre las ambulancias, que literalmente libran una lucha en las calles para recoger y llevar a las clínicas o al hospital a los heridos en accidentes de tránsito. Hasta cuatro vehículos de esa naturaleza llegan al lugar del percance, luego de correr a alta velocidad y con la sirena ululando. 

Es una rebatiña que viene a plantear hasta asuntos de carácter ético, porque al no existir una regulación (que no se garantiza que la respeten cuando entre a operar) la vida humana queda convertida en un factor de pérdidas o ganancias monetarias, como quedó señalado en el reportaje que publicó La Opinión en la edición dominical.

Resulta que dentro del SOAT hay unos recursos fijos para el pago del traslado de los heridos en un siniestro vial hasta el centro hospitalario para recibir asistencia médica, que es girado a las compañías a las que están adscritas las ambulancias. Aquí es donde encajaría el dilema ético, que aunque como se sabe, en nuestra sociedad actual muy poco interesa y siempre es atropellado y estropeado.

Este es uno de los aspectos en que los pacientes resultan siendo tratados como mercancías. Los accidentados en colisiones automovilísticas o en motos, por tener el seguro obligatorio que los ampara, son llevados en esos vehículos especiales, asunto que muchas veces no ocurre con un paciente que sufre, por ejemplo un infarto en la calle, quedando en manos de los santos de su devoción o de algún samaritano que lo lleve en su carro o en taxi a la clínica.

Las ambulancias no van por esa personas, porque no significa un ingreso en sus cuentas diarias,  lo cual choca con los cánones de la prestación de un servicio de salud adecuado a los colombianos.

Ya el mal está en las calles. Se palpa a diario. Y, lo que es peor, no encaja dentro de lo que las compañías de ambulancias afirman de que su misión es salvar vidas y que lo seguirán haciendo cada vez que sean llamadas.

Pero lo que se debe es convocar de manera urgente a las autoridades de salud municipal para que activen de inmediato el anunciado plan que dieron a conocer cuando se les consultó y que se llama  Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Su denominación no importa, lo que aquí interesa es meter en cintura el servicio de ambulancias, regularlo y hacerlo efectivo, porque de nada valen esas competencias que a la postre terminan en un desgaste innecesario y en la probable desatención de otras emergencias en donde la vida de algún habitante de la ciudad esté en riesgo por una enfermedad.

Este mecanismo, que tendría como sede el Centro de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, es fundamental, pues la plata no lo es todo, y cada ciudadano amparado o no por los servicios de salud, bien sea del régimen contributivo o subsidiado, tienen derecho a unas garantías mínimas de adecuada prestación de los servicios para atender su emergencia. 

En ese sentido, muy acertado resultó el comentario expuesto en la nota “¿Por qué la guerra de las ambulancias por los heridos?” por el director científico de la Clínica Norte, Arturo Arias: “Cuando usted tiene un servicio de ambulancias que no es regulado por el Estado, entonces la fiesta la hace el ratón y el queso se lo reparten los ratones”.