No se puede negar la legitimidad de la aspiración de Norte de Santander a que sus carreteras sean por lo menos similares a las del resto de Colombia. Es un derecho fundamental de cumplimiento inaplazable, por muchas razones.

Pero esa necesidad es nada si se compara con otras, como la de suministrar agua potable hasta el último de los nortesantandereanos, a fin de garantizarle no solo el derecho que tiene al líquido para todos los usos, sino a una buena salud.

Y, en este momento, en estos dos aspectos, la realidad es triste.

Miles ni siquiera tienen agua (los barrios populares de Cúcuta lo atestiguan) y otros miles tienen una salud deplorable, por razón de que el agua que consumen para alimentarse no es apta para satisfacer esa necesidad vital. Unos y otros, esta es la verdad, mueren lentamente; el agua, sin la que no hay vida, los está matando.

Un estudio de la Contraloría departamental sobre el agua no puede ser más desalentador y revelador de una situación que, sin exagerar, es causa de una gran catástrofe, en especial en lo relacionado con los habitantes de los sectores rurales.

Las dos principales conclusiones indican que en 20 por ciento de las áreas urbanas y 80 por ciento de las rurales el agua no es apta para el consumo humano, lo que significa que no basta con tener acueductos. Es necesario tener sistemas adecuados de tratamiento del agua, para potabilizarla. Pero es en este aspecto en el que más deficiencias se presentan.

El agua de Norte de Santander tiene muchas fuentes de contaminación, pero el vertimiento de materiales químicos y de sistemas de alcantarillado parece ser el principal problema. Hay vertimientos de la industria, de la actividad agropecuaria y de la minería, principalmente.

Y eliminar esos contaminantes, por falta de recursos, es tarea prácticamente imposible, lo cual lleva a que la gente consuma agua en condiciones que le produce más mal que bien. En muchos casos, los efectos solo son perceptibles a mediano o largo plazo, cuando ya casi nada queda por hacer para curar a los enfermos.

Poder disponer de agua potable es un derecho fundamental que está siendo violado por el propio Estado, que no tiene una política realmente eficaz para cerrar la brecha del agua insalubre, en primer lugar y, en segundo, por funcionarios corruptos o negligentes.

Que en el siglo 21 la gente sufra enfermedades gastrointestinales es señal de que el país está al menos un siglo atrás de otras zonas del mundo; pero que la gente muera por ello, como ocurre aún con niños en el Catatumbo, por insuficiencia de agua potable, es muestra de que el Estado no existe y que el tiempo no pasa en esta región abandonada de Dios y de los hombres.

Está muy bien destinar energías para exigirle al Gobierno que se preocupe por las carreteras, los parques y las megaobras de infraestructura. Pero sería mucho mejor si la preocupación buscara superar el problema del agua impotable, que está aniquilando a la base de toda la estructura social rural: los niños.

Porque si es cierto que el hombre es lo que come, no queremos saber cómo son los nortesantandereanos que aún deben beber agua contaminada con heces.