De manera perentoria lo acaba de advertir el gobernador de Nariño, Camilo Romero, pero nos concierne a todos los nortesantandereanos: si se va a erradicar los cocales mediante fumigaciones con glifosato, ‘van a acabar con la vida en todas sus formas, traerán la contaminación de los ecosistemas y las eventuales secuelas en la salud de los campesinos’.

Es la preocupada respuesta de una región que ha sido, como el Catatumbo, estigmatizada por razón de los cultivos de coca, luego del anuncio del gobierno de establecer una nueva estrategia de erradicación, basada en fumigación con drones o aeronaves no tripuladas.

Para Romero, en palabras que Norte de Santander debe compartir, ‘hay una lectura equivocada sobre el tema de los cultivos de uso ilícito en el país, porque se lee desde un escritorio y no desde el territorio’.

Significa esto que no hay conocimiento exacto ni de la realidad campesina ni de la absoluta carencia de infraestructura adecuada en las zonas de cultivo, donde la única presencia del Estado tiene que ver con el despliegue militar que, en el caso del Catatumbo, no ha tenido nunca ni la eficiencia ni la eficacia que se requieren para el combate contra las organizaciones internacionales de narcotraficantes.

Las consecuencias prácticas de fumigar con glifosato, como al parecer sería la sustancia con la que se fumigará, son ampliamente conocidas en Colombia: hay una reducción notoria, pero momentánea, de los cultivos, pero luego retornan, tal vez con mayor intensidad.

Al mismo tiempo, con el cuestionado defoliante se eliminan numerosas formas de vida vegetal, que muchas veces no es posible recuperar. El uso de paraquat, base del glifosato, sin embargo, sigue siendo usado en la agricultura de muchos países, incluido el nuestro, por sus aplicaciones ya conocidas.

Pero, ¿qué pasó con los programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca? Pues que, en términos generales fueron al fracaso, porque se quedaron sin el dinero necesario para llevarlos a término, y con el tiempo, los campesinos volvieron a las viejas prácticas de confiar en la coca para generar sus ingresos básicos.

Y eso ocurrió en todas las zonas de cultivo, las principales de ellas en Nariño (zona de Tumaco) y el Catatumbo. Esto explica las 209.000 hectáreas de coca que se registraron en 2017, lo que llevó al gobierno a plantear su nueva estrategia.

Según el gobernador Romero, en su departamento, unas 50.000 familias que se dedican al cultivo de coca se irán a otras zonas donde poder resembrar. Lo mismo podría ocurrir en Norte de Santander, y el problema se ampliaría.

En el fondo, el gobierno está asumiendo culpas que no le corresponden ni a los gobernantes ni al país, sino a la enorme franja de consumidores en los países ricos, que con su demanda estimulan la oferta y, por lo mismo, los cultivos.

Es todo esto resultado del fracaso de la política global antidrogas, que solo contempla como su objetivo a los productores, pero no a los consumidores ni a los bancos que, en los paraísos fiscales, permiten la limpieza del dinero de los narcos.