La  Superintendencia de Servicios Públicos ha impuesto multas por $45.157 millones en lo corrido de 2020, a 72 prestadores de servicios de todo el país.

Dentro de esas empresas, hay tres prestadores del departamento: Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS); la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario (Eicviro); y Empresas Municipales de Chinácota.

La superintendente, Natasha Avendaño, indicó que han impuesto estas sanciones durante los primeros cinco meses del año al confirmar el incumplimiento en temas de calidad, continuidad, aspectos técnicos y operativos por parte de estos prestadores.

En el caso de CENS, la multa interpuesta –que se encuentra en recurso de reposición– es de $1.106 millones, por incumplimiento de los indicadores de calidad.

José Miguel González, gerente de la electrificadora, señaló que “la multa no obedece a temas relacionados con la emergencia sanitaria, ni quejas presentadas por los usuarios, se dio por superar el límite establecido de calidad del servicio en 2017 y 2018. Esta situación se originó por diferencias en las metas de calidad del servicio definidas en 2006 y 2007 en el marco de la resolución CREG097 de 2008”.

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González agregó que han mejorado los indicadores en un 35 % de disponibilidad del servicio y un 16 % en la frecuencia en los últimos cuatro años.

“De acuerdo al indicador SAIDI, que mide la duración promedio de interrupción por cada usuario atendido, Cens pasó de tener 40 horas de interrupción del servicio en el 2016, a tener 27 horas al año en 2019”, explicó el gerente.

El otro caso es el de Eicviro, que recibió una multa de $272 millones y que está en firme, por fallas en las mediciones de consumo de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Finalmente, en el caso de la empresa de Chinácota la multa fue de $35 millones por la calidad del agua, y también se encuentra en firme.

Finalmente, Avendaño dijo que iniciaron los requerimientos a las empresas de las que han recibido quejas de los usuarios. En especial están investigando los incrementos de tarifas y suspensiones no autorizadas durante la pandemia.