El salario mínimo en Venezuela, fijado por el chavismo gobernante, condena a los trabajadores del país suramericano a la pobreza extrema, pues se ubica en 1,20 dólares diarios, por debajo del umbral de la miseria que estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la ONU explica que la pobreza extrema es medida por un ingreso diario inferior a 1,25 dólares estadounidenses y, como tarea primaria, llamó a los estados miembro a erradicar esta problemática a más tardar en 2030.

En Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, ofrece a su sector productivo un ingreso que le mantiene en la miseria justo en medio de una severa crisis económica que se traduce en hiperinflación y escasez generalizada.

El control de cambio que rige desde 2003, que otorga el monopolio de las divisas al Estado, ha arrojado al menos dos formas de comparar el poder adquisitivo de los ciudadanos según la tasa oficial o de acuerdo al mercado paralelo que define en la actualidad casi la totalidad de la actividad económica.

Así, un dólar estadounidense cuesta 144.000 bolívares según el Banco Central (BCV), por lo que el salario mínimo integral (5.196.000 bolívares) equivale a 36 dólares, casi la mitad de la relación oficial entre la moneda estadounidense y la local del mes pasado cuando el Ejecutivo decretó este monto mensual, que ha sido subido cuatro veces este año.

Sin embargo, también en junio el Gobierno autorizó las operaciones a tres casas de cambio privadas que desde entonces compran pero no venden monedas convertibles y donde un dólar se paga en 2.500.000 bolívares, 17 veces más que el oficial Dicom y más cercano al precio de estos días en el mercado paralelo ilegal.

Con este complejo panorama, el salario mínimo integral podría calcularse en 2 dólares mensuales si se usa la cotización de las casas de cambio, pero estas operadoras no venden divisas y el Estado solo reconoce una única tasa: la oficial Dicom.

No obstante, este mecanismo que arrancó en febrero y que consiste en asignación de divisas mediante subasta dejó de informar hace semanas quiénes resultaron merecedores de los billetes preferenciales y solo se limita a indicar el precio oficial del euro y el dólar en Venezuela.

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) aseguró que el Gobierno no está asignando divisas a ningún ciudadano o empresa privada por lo que casi todas las importaciones se están haciendo con dólares comprados en el mercado paralelo que luego se traducen en productos más caros.

Desde cualquier punto de vista, más de la mitad de los trabajadores de Venezuela, que devengan el salario mínimo, son incapaces de cubrir sus necesidades más básicas sin mencionar las consecuencias que esto conlleva para las familias con un único ingreso mensual.

A modo de ejemplo, un obrero que trabaje 30 días no podrá pagar a final de mes ni siquiera un kilo de carne de res que está por encima de los 5.196.000 bolívares y cuyo precio aumenta 2,8 por ciento cada día en medio de la espiral hiperinflacionaria, según datos del Legislativo.

Por motivos como este, miles de empleados públicos protestan desde hace 27 días en Venezuela, en el marco del conflicto laboral más grande que le haya tocado enfrentar al jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde que asumió el poder en 2013 y sin que hasta ahora existan soluciones.

Si bien la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999, ha sido premiada por la ONU en materia de alimentación, la crisis del último quinquenio dio un giro en este sentido por lo que el Gobierno reabrió 3.000 casas de alimentación, 300 de recuperación nutricional y otros 50 comedores atendidos por un equipo multidisciplinario.

Según los datos de la encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), que hacen anualmente las principales universidades del país, el 64% de los consultados reportó haber perdido un promedio de 11 kilos en 2017, por no poder acceder a los alimentos. 

Rédito político 

Las fuerzas políticas que se oponen en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro, buscarán algún rédito político a través de la articulación de las protestas gremiales y ciudadanas que se registran desde hace 28 días en las 24 entidades federales.

El opositor Frente Amplio, que agrupa a partidos y organizaciones de todo tipo, anunció que organizará una consulta abierta a todos los gremios, para decidir acciones más contundentes en el marco del conflicto laboral que vienen protagonizando los trabajadores de la administración pública.

Aunque hasta ahora los reclamos han sido solo gremiales y sociales, los ciudadanos se están sumando a las manifestaciones contra el Gobierno por el deterioro de los servicios públicos y la escasez generalizada.

“Un objetivo político trascendente es ver cómo nos articulamos en función de salir de la dictadura”, dijo el portavoz del Frente, Nícmer Evans.

El chavista disidente explicó que la consulta se extenderá una semana para que los empleados de todas las instituciones públicas en conflicto puedan debatir con miras a una estrategia común.

Para él este proceso permitirá saber si es viable y pertinente un paro o una huelga.

Evans indicó que los partidos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) también están debatiendo al respecto y que esperan la unificación de la lucha.

Él, señaló que en Venezuela se estaban registrando 30 protestas diarias desde que comenzaron los reclamos gremiales y que este promedio se duplicó en la última semana ante la ausencia de respuestas por parte de la llamada revolución bolivariana.

En las manifestaciones se reclama por las fallas eléctricas, la falta de combustible y gas doméstico, el deterioro de los hospitales, la escasez de alimentos, medicinas y dinero físico, así como por la decadencia del transporte público.