Una alarmante cifra registra el gremio de aseguradoras sobre el desamparo en que los colombianos tienen sus inmuebles. La preocupación crece por eventos naturales como el que se registró en Ecuador el sábado pasado.

A esto se agregan las alertas de constructores para que se evite la informalidad, pues se teme el no cumplimiento de normas sismorresistentes, y reclaman la habilitación de suelo para construir conforme a la ley.
 
Pese a antecedentes de tragedias repetidas en Colombia y hechos como el derrumbe del edificio Space de Medellín (2013) aún no ha sido posible que el Congreso de la República apruebe al respecto el proyecto de Ley de Vivienda Segura, sobre la que el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, hace más de un año se mostró confiado de que a principios de 2016 estuviera para sanción presidencial.

Riesgo innecesario

“El nivel de aseguramiento de los colombianos ante episodios como terremotos o incendios, es muy bajo”, asegura Carlos Varela, vicepresidente técnico de la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda). Explica que tan solo el diez por ciento de los hogares colombianos se ha preocupado por las consecuencias que le puede traer un evento natural u otro imprevisto.

Esto contrasta con el hecho de que la gran cantidad de personas en el país habita en zonas de alta o intermedia sismicidad, como Cali, Medellín, Bogotá, las ciudades del Eje Cafetero o Bucaramanga.

Es preocupante también, dice el dirigente, que la decisión de tomar pólizas aumente por casos tan tristes como el que sucedió en Ecuador o cuando los eventos se presentan en el país, más si las pérdidas son altas. “Las personas piensan que los temblores o los terremotos se dan en otras partes, que estos hechos no sucederán con sus inmuebles y ven esa probabilidad como lejana”.

Si bien estos eventos no se presentan continuamente, lo cierto es que en cuestión de segundos se pueden perder los ahorros de toda la vida. Cifras para tener presentes a la hora de desestimar un eventual hecho trágico son los 62.975 millones de pesos que por cuenta de terremotos debieron reconocer las aseguradoras en el país entre 2010 y 2015; o los 2560 millones que por incendios reconocieron en el mismo periodo.

“Las personas por lo general se aseguran, casi de manera inconsciente, mientras pagan los créditos hipotecarios”, dice Varela refiriéndose a los 10 ó 15 años que puede durar una persona cancelando los préstamos que sustentan sus compras y a las exigencias de la ley y de las entidades financieras, “pero una vez terminan de pagar los inmuebles no se continúa con las pólizas”.

“Es irónico”, resalta, “se respaldan mientras está en manos de un banco, pero cuando se trata de asumir un amparo para sí mismos, la gente se despreocupa. Eso es peligroso”.

Tecnología sí hay

Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), dice que el país cuenta con el ‘Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente’ en el que se determinan las calidades mínimas que deben tener los materiales, al igual que las condiciones de los diseños y las capacidades de los profesionales, entre otros aspectos.

“Este reglamento determina la obligación de que las ciudades tengan sus estudios sísmicos (con microzonificación) para planificar el riesgo exacto que se tiene”, dice Forero en referencia a la Ley 400 de 1997 y al Decreto 926 de 2010.

“Colombia es un país que ha ido evolucionando en su manera de incorporar el tema sismorresistente en la construcción y en el ordenamiento del territorio”, señala Forero, a pesar de lo cual considera que la tecnología existe, los materiales están y los profesionales se han preparado, pero falta trabajo en la urbanización no planificada.

“Hay cordones de informalidad donde es muy difícil afirmar que dichas estructuras cumplan con normas sismorresistentes. No se puede afirmar que no lo cumplan, pero tampoco que sí lo hagan”, dice la experta y reitera los llamados de Camacol para que se garantice el acceso a viviendas dignas y respaldadas por normas técnicas que den seguridad, para que “la gente no termine viviendo donde le toque y como le toque”.

Anti-Space

Este debate se da en momentos en que en el Congreso de la República se discute el proyecto de ley con el cual el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, busca, entre varias cosas, incrementar la seguridad de las edificaciones.

Se trata del proyecto de ley de vivienda segura (Proyecto 111 de 2014 de la Cámara) conocido también como ‘Anti-Space’ y que está bajo responsabilidad de los representantes Rafael Romero Piñeros y Didier Burgos Ramírez.

A pesar de la urgencia con que se presentó a principios de octubre de 2013, tras el colapso del edificio Space, el proyecto apenas ha surtido su debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El Ministerio de Vivienda esperaba que al término de 2015 el país pudiera contar con una norma actual y segura en este caso, pero la iniciativa ni siquiera ha llegado a plenaria.

“El proyecto tiene como objetivo establecer medidas para proteger a los compradores de vivienda, incrementar la seguridad de las edificaciones, fortalecer la labor de los curadores urbanos y crear la Superintendencia Delegada para Curadurías en la Superintendencia de Notariado y Registro”, mencionó Henao.

Según el gerente seccional de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol-Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, “el proyecto no ha salido porque ha habido una clara intención de que se vuelva una póliza obligatoria, por más de 300 mil millones de pesos, cuyo costo habría que trasladarlo a los consumidores”.

*Colprensa