Por no entregar la cantidad exacta de gasolina por la que estaban pagando los usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a 20 personas naturales y jurídicas con montos que en total suman 682,3 millones de pesos. 

El hecho, según el organismo, se dio en Bogotá y en los municipios de Tumaco, Cartagena, Honda, La Ceja, Carmen de Bolívar, Ventaquemada, Ibagué, Zambrano, Cereté, Santa Rosa de Cabal, Peñol, Aguachica y Calamar. 

La sanción más importante, según la SIC, fue para Districandelaria. Esa compañía, con sede en Cartagena, fue multada con 207 millones de pesos; seguida de Gases y Combustibles del Caribe, con 82,8 millones de pesos (ver ¿Qué sigue?). 

En esta ocasión la sanción se dio porque “la norma metro lógica ordena que los surtidores y dispensadores de combustibles estén debidamente calibrados en ceros (0) en todo momento, y en todo caso dentro de los márgenes de tolerancia”, dijo la SIC. 

En las sanciones de mayor cuantía se encontró, para el caso de Districandelaria, que cinco mangueras operaban por fuera del margen de tolerancia. En la situación de Gases y Combustibles del Caribe el número se elevó a 10. 

A través de un comunicado entregado a medios, Jairo Malaver delegado para el control y las verificaciones de reglamentos técnicos y metrología legal de la SIC, recordó las obligaciones que tienen estos distribuidores para cumplir el estatuto del consumidor. 

La entidad “reitera a los distribuidores minoristas que son responsables de garantizar la entrega exacta de combustible líquido por el que los consumidores están pagando en todo momento y que cumplan con las exigencias contempladas en el Decreto 1073 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, para proteger los intereses económicos de los consumidores”. 

La multa es resultado de las actividades de control que lidera la SIC. En ese sentido, vale la pena recordar que el organismo ha llevado a cabo, entre 2018 y lo corrido de 2019, la verificación de más de 7.000 surtidores de combustibles en el territorio nacional. Por ahora, contra de los actos administrativos sancionatorios de primera instancia, proceden los recursos de reposición y de apelación.