La Superintendencia de Transporte determinó que 60.000 multas a nivel nacional entrarán en revisión por haber sido impuestas con normas nulas derogadas en 2016, pero que seguían siendo sancionadas.

En Norte de Santander, 140 empresas serán verificadas por la Supertransporte, y 516 investigaciones por revisar 

Las multas impuestas a los transportadores de carga y pasajeros (escolares, intermunicipales y mixtos) fueron por conductas como el mal mantenimiento preventivo de los vehículos, las condiciones técnico mecánicas, exceder la capacidad de transporte o carga autorizada, entre otras.

El 23 de octubre de 2018, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte d solicitaron un concepto al Consejo de Estado sobre la aplicación de sanciones de normas anuladas.

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La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que la decisión se tomó para proteger a los vigilados y garantizar la legalidad en los procesos del sector.

“Acudimos al Consejo de Estado para poder actuar frente a hechos irregulares que afectan a los transportadores”, señaló en un comunicado.

En marzo, el Consejo de Estado indicó que la nulidad declarada por el mismo alto tribunal en 2016, generó la desaparición de las sanciones previstas en el Decreto 3366 de 2003 y resaltaron que las conductas no podrían ser aplicadas.

Por esta razón, el Ministerio y la Supertransporte revisarán 60.000 expedientes, que representan más de $171.000 millones en multas a los ciudadanos.

Carmen Valderrama, Superintendente de Transporte, señaló que los vigilados afectados deben estar seguros de que la entidad trabaja por la protección de los empresarios que cumplen la ley.

Finalmente, hicieron el llamado para que los sancionados no utilicen tramitadores en el proceso de solicitud de devolución de sus dineros, porque el gobierno es el único garante del procedimiento.