La Contraloría General de la República encontró diez hallazgos fiscales por un valor de 709.342 millones de pesos sobre el proyecto Bionergy, la planta de Etanol de Ecopetrol en Puerto López (Meta). La entidad también pudo establecer un hallazgo con incidencia penal y otro de connotación disciplinaria.

La conclusión del ente de control es que la planta resultó ser un proyecto costoso para el país, que no es rentable y cuya ejecución por parte de Bionergy fue ineficiente, ya que se demoró más del doble del tiempo planeado y además presentando sobrecostos.

La entidad señaló que los costos del proyecto se incrementaron de 350 millones a 778 millones de dolares, y no se cumplió con la fecha de terminación para el 12 de junio de 2013, ni con el inicio de operaciones de la planta acordada para el 28 de marzo de 2013, es decir 48 meses después de la fecha pactada en el contrato.

El informe indica que con el incumplimiento de estas fechas no ingresaron los recursos que se esperaban al patrimonio del Estado, constituyendo un daño material en la modalidad de lucro cesante con una cuantía de 577.824 millones de pesos.

El ente de control indicó que existieron irregularidades por parte de Gustavo Gaviria Ángel, quien era miembro de junta Directiva de Ecopetrol cuando se suscribió el contrato de estructuración y cierre financiero de Bionergy, con la firma Visión Valores, empresa de la cual era accionista mayoritario (con el 71,55 %) y nunca se declaró impedido.

El informe de auditoria también menciona a Jaime Leonardo Flórez Muñoz, funcionario de Ecopetrol, que fue nombrado como gerente de Bionergy en septiembre de 2009 y quien pasó de estructurar el contrato EPC suscrito entre Reficar y CB&I a estructurar el contrato EPC suscrito entre Bionergy e Isolux.

La entidad también encontró irregularidades en la compra de dos empresas panameñas que Bionergy adquirió, al parecer porque tenían predios estratégicos para el proyecto.

Además se evidenció que estas dos sociedades fueron constituidas en Panamá.