El Ministerio de Agricultura radicó en el Congreso un proyecto de Ley para aliviar las obligaciones financieras de cerca de 140.000 productores del sector agro.

El ministro Rodolfo Zea explicó que buscan aliviar las obligaciones de pequeños y medianos productores, para normalizar su situación ante el Banco Agrario.

“Radicamos un proyecto que beneficiará a pequeños y medianos productores, que contempla varias medidas como la posibilidad de hacer acuerdos con los bancos por las deudas existentes, y alivios financieros y no financieros para una serie de cadenas no priorizadas”, afirmó el ministro.

El proyecto permitirá a los productores establecer acuerdos de pago con el Banco Agrario o con otros bancos, para las obligaciones cubiertas con garantía FAG.

El ministro detalló que se podrán realizar acuerdos de pago con descuentos a capital y la condonación de intereses corriente y de mora, para los deudores cuyas obligaciones estén vencidas.

Además, las personas que accedan a este beneficio de acuerdo de pago, tendrán la posibilidad de acceder de nuevo a una vida crediticia que les permita seguir financiando sus actividades rurales.

El proyecto de Ley también busca facultar a la junta del Fondo de Solidaridad Agropecuario (o el Fonsa), para aplicar descuentos a capital, de los deudores que fueron beneficiados anteriormente con el Fondo.

Zea agregó que con esta medida, “se apoyarán a más de 56.000 deudores del Fonsa, con beneficios adicionales a los otorgados inicialmente por el fondo y se promoverá el pago de sus obligaciones, a los que no lograron pagar a tiempo”.

También se ajustará la definición sobre los pequeños productores para el acceso al crédito, así como del mediano productor. “Ya no se tendrá en cuenta los activos, sino solo el patrimonio, que en la mayoría de los casos es menor a lo adeudado. Esta posibilidad permitirá ampliar la cobertura del Fonsa a los medianos productores para próximas intervenciones”, resaltó Zea.

El proyecto de la cartera incluyó crear un programa con el cual se podrá otorgar un alivio a las obligaciones con el sector financiero y con los agrocomercios, dirigido para pequeños y medianos productores. 

“Vamos a reglamentar el programa y definiremos las cadenas priorizadas para su aplicación, a raíz de las afectaciones que han sufrido, de la caída severa y sostenida de ingresos, entre otros”, puntualizó Zea.