En medio de varias polémicas por el estado actual de la economía, en el Congreso de la República se abre camino un proyecto de ley que busca la creación de una prima legal para la canasta familiar. 

La iniciativa, nacida en el Centro Democrático, generó voces de apoyo y de rechazo en varios sectores del país.

El proyecto ya superó los dos debates que requiere en el Senado, donde se le dio visto bueno por unanimidad y ahora pasa a Cámara de Representantes donde tendrá que sobrevivir a dos debates más.

El grueso del proyecto propone que los trabajadores que devenguen hasta tres y medio salarios mínimos reciban una prima extra para la canasta familiar que se les pagaría de acuerdo al tamaño de la empresa a la que estén vinculados.

Esto significa que un empleado que trabaja en una microempresa recibiría una prima 5 de días, los de empresas medianas recibirían 10 días y 15 días los de las compañías grandes. De aprobarse, esta prima se pagaría en mitades, una en el mes de marzo y la otra mitad en septiembre.

El rechazo del Ministerio de Hacienda a la medida se sustenta en que la prima podría generar presiones inflacionarias, puesto que produce un costo laboral adicional para las empresas. 

El viceministro Londoño advierte que “el mayor ingreso puede ocasionar incrementos en la demanda de alguno bienes de la canasta familiar que termine impactando negativamente”.

A la postura negativa del Ministerio se une la del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) Bruce Mac Master, quien hizo un llamado al Congreso para que “considere con responsabilidad el concepto del Ministerio sobre el proyecto denominado Prima para la Canasta Familiar. Dicho concepto demuestra múltiples efectos negativos para la población como son: inflación, desempleo e informalidad”.

Mac Master añadió que son “muy peligrosos los nuevos populismos. No tienen ni siquiera un fundamento ideológico. Parecería que solo les importan los efectos electorales” y agregó que la responsabilidad de que el país se desarrolle “es de todos, también de todos los políticos”.

En respuesta a estas posturas, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, afirmó que no habrá tales efectos debido a no es una representación significativa “no se relaciona sustentar la capacidad adquisitiva del empleado en relación con los incrementos del salario mínimo que están por debajo de lo que debería estar”.

Jaramillo dijo que el valor de la prima no es un monto muy alto y por eso no está de acuerdo con la postura de la Andi de que podría haber mayor informalidad.  

“El desempleo y la informalidad tampoco se ligan porque es una prestación no muy representativa económicamente como para culpabilizarla de ser crear estos fenómenos”, explicó Jaramillo.

Para el director del Observatorio de la Universidad del Rosario hay un punto adicional para tener en cuenta y es la constitucionalidad de la propuesta.

“Habría que revisar la constitucionalidad de la diferenciación de pago en función del tamaño de la empresa, dado que los riesgos corresponden al empleador y no al trabajador habría una alerta para revisar”. Esto significa que los empleados no pueden estar sometidos al tamaño de la empresa en donde trabajan y deberían recibir pagos equitativos sin importar qué clase de compañía están vinculados.

Con respecto a la constitucionalidad, el abogado Juan Manuel Charry opina lo contrario. Él cree que la propuesta es razonable y explicó que “ese criterio de si es constitucional o no se va fijar frente a la óptica de la razonabilidad y lo va decir la Corte Constitucional”.

“Ahora, mi opinión es que es razonable, ya que pagar la prima dependiendo del tamaño tiene sentido racional, si yo soy una empresa pequeña, pago primas pequeñas, si soy empresa grande pago primas más altas”, puntualizó.

¿Qué dicen los trabajadores?

Los gremios de trabajadores están en contra del proyecto. 

El punto principal de su rechazo es el que expone el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, quien ve el proyecto sin coherencia ya que “la iniciativa se generó como consecuencia de la posibilidad en la ley de financiamiento de poner el IVA a la comida, y de hecho en el proyecto dice: de acceder a un ingreso adicional que permita mantener las capacidades de compra y consumo de la canasta básica familiar y eso no ocurrió. de tal manera que carece de sustento”.

Bedoya cuestionó a la Comisión Séptima del Senado ya que “decidió no votar y dejó hundir el proyecto de ley que creaba la jornada integral rural y que contribuía a la reducción de la informalidad laboral en el campo y, por el contrario, si vota este proyecto que como bien lo anota el Ministerio de Hacienda puede traer riesgos para la economía”.

Otra preocupación por parte de Bedoya es el costo de implementar una nueva prima. “El mismo Gobierno dice que los recursos, que son más de $205 mil millones anuales, no están contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, sentenció el Presidente de la SAC.

Otra voz de rechazo fue la del fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien manifestó responsabilidades del senador Uribe en el deterioro de los derechos laborales de los colombianos.

“(Uribe) ha estado en todas las reformas laborales, pensionales y tributarias de los últimos 30 años, en las cuales ha rebajado los derechos de los trabajadores, la Ley 50 del 90, la Ley 100, el Acto Legislativo 01 del 2005, las Reforma Tributarias que hizo en sus Gobiernos, en las cuales ha empobrecido a los trabajadores”, por lo que Arias calificó el proyecto de ser una “limosna” ya que “es una cosa marginal frente a las medidas de mayor magnitud que él ha hecho durante sus años en el legislativo y el ejecutivo”.

Para finalizar Arias señalando a Uribe expone que “está tratando de hacer medidas para lavar su cara frente a las elecciones regionales” y advierte que “no se puede empobrecer a los trabajadores y esperar que estén contentos con algo mínimo como es la prima a la canasta familiar”.

“No estamos de acuerdo con la medida, en general porque es supremamente marginal respecto a las peticiones, pero adicionalmente, discrimina a los trabajadores frente a esa prima, de tal manera que siendo algo mínimo no tiene ningún efecto significativo en el ingreso de los trabajadores”, puntualizó Arias.