Una de las medidas con las que el Gobierno apostó por darle liquidez a las empresas fue el Decreto 558 de 2020, para que compañías y trabajadores independientes redujeran los aportes de abril y mayo al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de 16 % a 3 %. En condiciones normales, cabe resaltar que los empleadores asumen el 75 % del aporte, en tanto que el 25 % lo pagan los trabajadores, y en el caso de los independientes ellos responden por el 100 %.

Pero eso no fue todo, porque además se daba vía libre para el traslado de pensionados en la modalidad de retiro programado con una mesada equivalente a un salario mínimo de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) a Colpensiones, según el citado decreto para proteger su mensualidad de una posible “descapitalización” en las cuentas de ahorro que soportan ese pago.

Pues bien, esa iniciativa fue invalidada por la Corte Constitucional, y aunque aún no se conoce la sentencia con los pormenores ni un documento del Gobierno que dé claridad, ya se barajan los escenarios que vendrían a raíz de la decisión.

¿Quién paga?

Mauricio Olivera, director de la firma Econometría y expresidente de Colpensiones, explica que la principal dificultad está en la eliminación del beneficio de la reducción de aportes, en tanto que la Corte lo declaró retroactivo, es decir que se debe pagar el diferencial de la cotización equivalente a 13 puntos porcentuales.

En ese sentido, y dejando en claro que el panorama se clarificará una vez salga la sentencia, el experto analizó que ahora la preguntas es quién va a pagar lo que falta: ¿El Gobierno; empleadores y empleados, o los tres juntos? Para Olivera, el Gobierno es el garante, pero hay que tener en cuenta que necesita recursos para el gasto público.

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¿A cuánto asciende el faltante en pensiones de abril y mayo? Según explicó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en la FM, se trata de 1 billón de pesos y, a la espera de lo que dicte la Corte, tendrían que responder trabajadores y empleadores, aunque aseguró que desde la cartera confían en que se dé un plazo prudente para hacerlo y que se diferan estos pagos.

Al respecto, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, apuntó que en condiciones normales se podría esperar que paguen empresas y empleados porque se trataba de un beneficio opcional, “aunque hay un contenido imputable al Estado que habrá que determinar una vez se conozca la totalidad de la sentencia”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio de empresarios, dijo que la decisión de la Corte llega en medio de dificultades de liquidez en las compañías, pues según una encuesta del gremio a estas les quedan 35 días de caja en promedio, y solicitó al Gobierno que las apoye financieramente para, potencialmente, cumplir con el pago diferencial.