En los últimos días Odebrecht ha dado mucho de qué hablar. El primer evento sucedió cuando la empresa manifestó su interés para ser partícipe del proceso de licitación en la construcción del Trasmilenio por la carrera séptima. Según declararon los representantes legales de la filial colombiana, afirman no tener impedimento legal para pertenecer a este proceso de contratación. 

El procurador Fernando Carrillo reaccionó ante esta propuesta. El jefe del Ministerio Público dijo en rueda de prensa que “antes de que la multinacional Odebrecht se ofrezca para hacer el metro de Bogotá, debería arreglar sus cuentas con la justicia y contarle toda la verdad al país”. También afirmó que la empresa debería reparar los daños causados por su participación en una red de corrupción que se infiltró en grandes proyectos de infraestructura como la Ruta del Sol II. 

Sin embargo, el alcalde Enrique Peñalosa dijo que lamentaba la participación de la empresa brasileña en la licitación de la primera línea del metro de Bogotá, pero afirmó que no tenía las herramientas legales para impedir que fuera proponente. “No soy yo el que decide, es la ley colombiana, la legislación colombiana es la que define estrictamente quién puede participar o no en una licitación”, dijo el alcalde en una rueda de prensa. 

El plan de Odebrecht fue crear un punto de acuerdo para conciliar los daños causados al estado colombiano. La jefe de cumplimiento de la firma, Riva Smith, habló ante los medios de comunicación y dijo que la firma está buscando remediar el capítulo de la corrupción, mediante acuerdos con el gobierno nacional. 

En horas de la mañana, se conoció que uno de los representantes legales de la filial colombiana de la compañía presentó una propuesta de acuerdo de reparación integral, que consiste en darle al estado colombiano $96.000 millones, para remediar el daño ocasionado por el escándalo de corrupción. 

Otro de los puntos del acuerdo de reparación, consiste en que la concesionaria encargada de ejecutar la obra Ruta del Sol II sea liquidada bajo los términos acordados por la Agencia Nacional de Infraestructura, y que, posteriormente, le sean reintegrados únicamente los recursos que invirtió para el proyecto.