Nicaragua renovó el permiso ambiental para que el consorcio chino HKND continúe con el proyecto de construcción de un canal interoceánico, cuyas obras no han comenzado, informó el gobierno en un documento oficial.

El permiso fue renovado en abril pasado, pero no se dio a conocer hasta ayer.

“El 4 de abril del año 2017 la Comisión del Gran Canal otorgó una Renovación del Permiso Ambiental para que el proyecto continúe desarrollando nuevos avances”, indica el Libro Blanco sobre el Proyecto de Canal Interoceánico, publicado por el gobierno.

El primer permiso fue extendido el 5 de noviembre de 2015 por un período de 18 meses, que caducó el 5 de abril pasado sin que las obras hubieran comenzado.

El canal “es un medio para que Nicaragua pueda dar un salto en el desarrollo económico, social, ambiental y humano”, argumentó el Ejecutivo en el libro, que detalla en 75 páginas los aspectos legales, ambientales, sociales y económicos del proyecto.

Sin embargo, el documento no aclara cómo se financiará el canal y los subproyectos, valorados en 50.000 millones de dólares.

El presidente Daniel Ortega otorgó en 2013 a la empresa china HK Nicaragua Development Investment (HKND) los derechos exclusivos para construir y operar un canal de 276 km de largo entre el litoral Pacífico y el Atlántico de Nicaragua por 50 años, prorrogables por otro plazo similar.

En un acto oficial en 2014 pusieron la primera piedra para marcar el inicio de las obras con miras a inaugurar el canal en 2020, pero su progreso se estancó y aún no hay fecha definida para su reactivación.

Según el Libro Blanco, la consultora británica Environmental Resources Management (ERM), que realizó los estudios de impacto ambiental, recomendó hacer varios estudios complementarios antes de iniciar las obras.

En los últimos dos años se han hecho “estudios geológicos, sísmicos y de drenaje ácido de las rocas en la ruta del canal, como parte de los requerimientos técnicos complementarios”, dice el texto.  

Agrega que en una segunda fase se harán “investigaciones detalladas geotécnicas y mapeo para cuantificar las condiciones del terreno a lo largo de la alineación del canal”, y se concluirá el diseño de las paredes del canal.

El libro señala que serán desplazadas cerca de 30.000 personas en la zona del proyecto, por debajo de las 120.000 señaladas por Amnistía Internacional y otros organismos independientes.

En el 2012 la Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia mediante la cual se procedió a resolver la disputa territorial y de delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en el mar Caribe sudoccidental y a partir de este momento el gobierno de Ortega anunció la construcción del canal interoceánico.