Más de 60 casos de hurtos y vandalismo a las redes de telecomunicaciones durante este año han afectado las comunicaciones fijas y móviles de Norte de Santander y Santander, impactando negativamente en las actividades diarias como el teletrabajo, la educación y el bienestar general de la comunidad. 

En un reporte elaborado por Telefónica Movistar, la mayoría de los casos de hurtos a la planta interna corresponde a los sistemas de soportes de energía, como baterías y plantas eléctricas, de las cuales depende el funcionamiento autónomo de las redes para garantizar la conectividad fija y móvil en ciudades, localidades y carreteras cuando falla la energía convencional. 

En el caso de la planta externa, los cables de cobre son los más afectados. Solo en octubre más de 1.500 hogares en los departamentos se vieron afectados por hurtos a los alambres individuales, una modalidad que toma fuerza durante esta época del año.

Plan de prevención 

Para afrontar la problemática, Movistar viene ejecutando un plan de prevención en conjunto con las autoridades y aliados del sector de las telecomunicaciones, con resultados positivos que han permitido disminuir el robo a la red. 

Entre esas acciones se encuentra la creación de un equipo interinstitucional con la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y las autoridades civiles, para hacer seguimiento riguroso a los casos y judicializar a los responsables. 

“Trabajamos de manera decidida para enfrentar esta problemática que ha llegado a ser tan grave que un solo hurto que la delincuencia comete a una red primaria llega a afectar entre 900 y 1.200 usuarios, el equivalente a una población entera que se queda sin servicios de llamadas ni internet, lo cual es aún más sensible en este momento en el que las comunicaciones son esenciales para la reactivación económica y social del país”, indicó Fabián Hernández, presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia.

El total de hurtos que se han presentado este año le ha costado a Movistar pérdidas millonarias representadas en la reposición de los equipos y mano de obra.

Sin embargo, la compañía estima que la afectación por el tiempo que los usuarios quedan sin servicio es mucho más alta en términos de calidad de vida y productividad. 

Además, significa también una grave afectación a las operaciones de los sistemas de salud, de las entidades públicas y privadas que dependen de la tecnología para brindar sus servicios a la comunidad.  

Campaña contra el hurto 

Fabián Hernández indicó que, gracias al trabajo con las autoridades, se ha logrado judicializar a bandas delincuenciales dedicadas a este delito y frenar la acción individual de quienes por inconsciencia rompen, dañan o se roban cables o elementos de la red, para malvenderlas en el mercado negro. 

“En esto estamos también trabajando en equipo todos los operadores”, indicó el presidente CEO de Telefónica Movistar.

Como resultado de la cooperación entre los operadores y las autoridades se han logrado denuncias y elementos probatorios que han resultado en órdenes de capturas a 40 personas en los últimos tres meses, allanamientos y recuperación de material robado en diferentes partes del país.

Llamado a la comunidad

La comunidad ha sido un factor clave en el momento de denunciar cualquier movimiento sospechoso contra la infraestructura de comunicaciones, y ha permitido replicar el mensaje de que el daño a la red es un asunto que afecta a todos. 

Movistar dispone de una línea de atención nacional para el reporte de estos casos, la cual es completamente anónima, puede utilizarse si es cliente o no y es fundamental para mantener informada a la compañía, 318 8271881.  

Debido a que una de las prácticas más comunes de los delincuentes que incurren en el robo de las redes de comunicaciones, se encuentra la suplantación a funcionarios y contratistas, las compañías del sector TIC recomiendan a la comunidad reportar a las autoridades locales o a los mismos operadores en caso de percatarse de cualquier anomalía. 

Finalmente, los operadores destacaron la importancia de aplicar con rigor la ley a quienes atenten contra la infraestructura que soporta la prestación de un servicio que para los colombianos es fundamental, más en estos momentos por los que atraviesa mundo.