La mesa de diálogo para definir el ajuste del salario mínimo que entrará en vigor el primero de enero de 2020 aún no se ha servido, pero algunos de los comensales empiezan a anticipar cómo serán las entradas y a exponer sus expectativas frente a lo que serán el plato principal y el postre.

Mientras la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPSL), encabezada por el Ministerio de Trabajo, define el cronograma y la agenda para la negociación, hay que anotar que para el menú será necesario contar con una serie de ingredientes que evolucionaron o maduraron durante este 2019.

Hace un año, por ejemplo, estaba en discusión el proyecto de Ley de Financiamiento o reforma tributaria, cuyos alcances y efectos eran inciertos. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o de la economía a septiembre era de un 2,5 %, la tasa de desempleo en octubre estaba en un dígito, 9,1 %, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación al cierre del tercer trimestre era de 2,63 %.

En esta ocasión, las proporciones de esos ingredientes son diferentes. A junio pasado la variación del PIB era positiva ubicándose en 3,0 %, pero la tasa de desempleo escaló hasta 10,8 % (en agosto) y la inflación también ascendió a un 3,26 % (entre enero y septiembre).

Un elemento que podría aguar la cocción del mínimo para 2020 está en manos de la Corte Constitucional que debe definir la exequibilidad o no de la Ley de Financiamiento aprobada en diciembre de 2018.

El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advierte que declarar inconstitucional la norma le costaría al país cerca de mil billones de pesos, y los industriales agremiados en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) alertan de trastornos graves en la economía.

Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, menciona que un fallo desfavorable, que tumbe la reforma tributaria, tendría efectos negativos en los ingresos del Gobierno y sería una presión para reducir el incremento del mínimo.

El picante, a juicio de las centrales de trabajadores, lo están poniendo las organizaciones privadas del comercio, la banca y los fondos de pensiones que enturbian el ambiente previo de las discusiones al proponer un par de reformas esenciales: la laboral y la pensional.

Para este año el ajuste de la remuneración mínima fue de un 6%, superior a la inflación que se ubicó en 3,18 %.