La Ley de Financiamiento, que busca recaudar al menos 7 de los 14 billones de pesos que faltan para el Presupuesto General de la Nación, tiene un capítulo que anima y preocupa a los diferentes actores de la economía: las megainversiones. 

Luis Fernando Mejía, director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), dijo que “si bien esta puede tener un impacto importante y positivo en la inversión y crecimiento, la preocupación es el impacto negativo que puede tener en términos de recaudo”.

La norma contempla que las empresas o personas naturales que generen inversiones por 1,02 billones de pesos y propicien 250 empleos directos en un periodo de 5 años, solo deberán pagar una prima de 0,75% por el monto invertido en el año, al Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, el resto de empresas pagarán un impuesto del 33% sobre los ingresos obtenidos y el aumento del patrimonio, mientras que las megainversiones pagarán el 27%. 

“Esto es un beneficio que permitirá que todas las grandes empresas hagan inversiones para aplicar a la tarifa especial y eso va a tener un costo fiscal que puede ser importante”, recalcó Mejía.

La renta presuntiva también bajará con la ley al 1,5% en 2019 y el 2020, y desde el 2021 ya no se contempla.

Estas empresas quedarán exentas de pagar el impuesto a los dividendos de 2019 y el impuesto al patrimonio.

Las megainversiones, además, reviven los contratos de estabilidad jurídica, que blindan a las personas o empresas de los cambios en la tributación. Este mecanismo estuvo vigente en Colombia entre 2005 y 2012, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

El valor de estos contratos asciende a 39,95 billones de pesos y plantean la generación de aproximadamente 110.860 empleos directos y 28.162 indirectos, para un total de 139.663 trabajos generados.