Casi un tercio de los latinoamericanos pagaron sobornos en el último año para acceder a servicios públicos como salud o justicia, en una práctica que no diferencia género ni clase social, según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional difundida.

El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, revela un cuadro de rampante corrupción en la región, con especial recelo de los ciudadanos hacia su policía y los políticos, y ante el cual la respuesta gubernamental es considerada insuficiente.

El sistema termina arrastrando a parte de la población. Un 29% de los ciudadanos que usaron seis servicios públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún soborno en los 12 meses anteriores, según TI.

La organización calcula que ello representa unas 90 millones de personas, sin mayores diferencias entre género, edad y clase social, aunque acotó que los pagos de sobornos pueden ser una carga desproporcionadamente mayor para los más pobres.

“El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, citado en un comunicado.

El reporte destacó que a pesar de las recientes manifestaciones anticorrupción en Brasil, Guatemala y Venezuela, casi dos tercios (62%) de los encuestados afirmaron que la corrupción había aumentado.

¿Los más corruptos? Policías y políticos, según 47% de los consultados. En el caso de la policía, se eleva a 73% en Venezuela, y 69% para los políticos en Paraguay.

Aún así, menos de uno de cada diez denuncian las irregularidades.