Esta política gubernamental “ha tenido un desempeño muy pobre”, según Colfecar.
Vehículos de carga viejos le ganan el pulso a la chatarrización
En el marco de la edición 42 del Congreso Internacional de Transporte de Carga y su Logística que se lleva a cabo en Barranquilla, el presidente ejecutivo de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, hizo énfasis en que la política de chatarrización “ha tenido un desempeño muy pobre”.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte, desde su inicio (en 2005) hasta los últimos registros de 2016, 26.582 vehículos han sido chatarrizados, cuando, según Rodríguez, la cifra debería estar alrededor de 50.000.
De hecho, el ritmo de chatarrizaciones más elevada estuvo entre 2014 y 2015, puesto que se desintegraron 4.848 y 3.942 vehículos, respectivamente. En el caso del año inmediatamente anterior, la cifra llegó a 2.554.
“Para disminuir el número de vehículos de más de 20 años, que en Colombia son más de 93.967, deberíamos tener un ritmo de por lo menos 8.000 al año. Por ejemplo, para este año, la cifra no va a llegar ni a 3.000”, afirmó Rodríguez.
Precisamente, para lograr esos 8.000 vehículos chatarrizados por año, se necesitarían por lo menos $2 billones según dijo el directivo de Colfecar.
Dentro de las razones de tal desempeño, el directivo afirmó que la chatarrización no obedece a una política pública, por lo que ha planteado la posibilidad de que se establezca una vida útil para los vehículos de carga.
“Al establecerse una vida útil, el propietario de un vehículo, podría tener la posibilidad de ahorrar desde el momento de la compra hasta el fin de su vida útil. Así, cuando llegue el momento de la chatarrización, puede tener ya una parte para comprar un vehículo nuevo si quiere seguir haciendo parte del negocio”, explicó Rodríguez.
Así mismo, un estudio realizado por Colfecar evidenció que, del dinero recaudado para el programa, la ejecución más baja se dio en 2012, pues se apropió $150.300 millones y se ejecutó tan solo $28.561 millones que equivale a 19% del total apropiado, con lo que quedó un remanente por ejecutar de $121.739 millones.
Para no ir más lejos, en 2016, aunque se solicitaron $250.000 millones solo se apropiaron $150.000 millones, de los cuales se pagaron $117.815 millones en diciembre, lo que indica que se presentó una ejecución de 78%.
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