Mucho se ha discutido sobre el sistema de salud colombiano, que según expertos ha tenido avances importantes en la cobertura y acceso a los servicios.

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), a través del documento ‘El sistema de salud colombiano en las próximas décadas: cómo avanzar hacia la sostenibilidad y la calidad en la atención’, a cargo de Catalina Gutiérrez Sourdis y Nicolás Gómez Parra, hace un diagnóstico sobre los problemas que tiene el sector y cómo se pueden solventar.

Entre 2010 y 2015, el número de procedimientos por persona creció un 37% y el número de consultas un 35%. Todo ello resultó en un crecimiento anual del gasto en el periodo 1996-2014 cercano al 8% en términos reales, causando que el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se duplicara con respecto a 1996.

En el 2014, el gasto total en salud (sin incluir el privado) fue de 35,8 billones de pesos que, según Fedesarrollo, absorbió el 4,7 % del PIB y fue el segundo rubro más grande del sector público superado solo por el servicio de la deuda.

Los recobros –pagos por tecnologías o tratamientos no incluidos en el llamado Plan de Beneficios de Salud (PBS)– también han jugado un rol determinante en el desembolso: unos 3,7 billones de pesos.

De esto, no se pagan a las EPS 800 mil millones de pesos, generando déficit en estas entidades y, en consecuencia, crean pasivos en los hospitales por pagos tardíos.

Jaime Arias, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), sostuvo que las EPS en los últimos 10 años han tenido fuertes pérdidas debido a los servicios que no están incluidos en el PBS y que son conocidos como los No PBS.

Para el año 2016, las EPS del régimen contributivo dejaron de recibir 486 mil millones de pesos. Mientras que las EPS del régimen subsidiado registraron utilidades de 17 mil millones. En total hay un déficit patrimonial de 5,5 billones de pesos en el sector de las EPS, según Fedesarrollo.

Aunque estas no son las únicas organizaciones con problemas financieros. En el sector de los institutos prestadores de salud (IPS), la cartera vencida de los hospitales con agentes del sistema de seguridad social es de 5,6 billones de pesos.

“El Gobierno se ha visto obligado a intervenir con dinero del presupuesto nacional. En 2010, el 2,1% de los recursos del sistema de salud provinieron del presupuesto general de la nación, para 2014 el porcentaje fue de 9,4 %”, precisa el documento.

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¿Cómo afecta la tecnología?

Cálculos de Fedesarrollo muestran que en un escenario de absorción acelerada de tecnología el gasto en aseguramiento en salud como porcentaje del PIB alcanzará a ser de 6,2%. El 44% de este crecimiento estará explicado por el cambio técnico, el 38% por el crecimiento de la población, el 12% por el cambio en la estructura demográfica (envejecimiento) y el 6% restante por el cambio proyectado en el perfil epidemiológico hacia enfermedades crónicas.

“Eso genera presiones sobre unos recursos que siempre son escasos en relación con las aspiraciones de la sociedad”, detalló Augusto Galán Sarmiento, director del programa Así Vamos en Salud.
Por ello, una de las recomendaciones de Fedesarrollo en este sentido es la aplicación de un sistema de priorización que ayude a que las tecnologías que se cubran con recursos públicos aporten beneficio y valor, evitando así el peor de los desperdicios en esta materia sin demostrar efectividad o reducción de costo-efectividad.

¿Y la ley estatutaria?

El instrumento partió en dos la historia de salud en el país en 2015 cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la normativa que tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.

Y aunque para Fedesarrollo la Ley Estatuaria es un avance importante en materia de derechos, el arreglo institucional que derivó de esta normativa puede poner presiones adicionales sobre los recursos del sector.

Hay que recordar que, con la normativa, que eliminó el Plan Obligatorio de Salud (POS) y que entró en vigencia dos años después de haber sido sancionada (el 17 de febrero de 2017), los médicos pueden formular de acuerdo con su autonomía lo que consideren pertinente para sus pacientes.

Pues la norma divide las prestaciones en salud en tres grupos: las incluidas en el PBS y financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC); aquellas en la lista taxativa de exclusiones que no se cubren con recursos públicos y, las demás prestaciones que no están explícitamente excluidas o explícitamente incluidas en el PBS y las cuales se cubren con cargo a los recursos del Adres y las entidades territoriales.

Las soluciones

Para Galán Sarmiento, evitar el colapso del sistema de salud dependerá de una decisión política que se fundamente en priorizar los recursos que se asignan al sector. “Allí juegan factores técnicos y políticos, siendo estos últimos los más determinantes”, agregó.

El presidente de Así Vamos en Salud señaló además que Colombia tiene mal referenciada la UPC. “Tenemos que calcular adecuadamente esa prima, pero eso requiere de una voluntad política del Estado colombiano”, subrayó.

Así las cosas, para poder enfrentar el doble reto de sostenibilidad y calidad el país debe actuar, según Fedesarrollo, en tres frentes: “Incrementar el recaudo y la eficiencia del gasto, establecer un arreglo institucional que disminuya la judicialización de la salud y, avanzar en la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (Mias)”.