La financiación de la doble calzada Pamplona-Cúcuta, unos de los proyectos viales más importante de Norte de Santander, estará a cargo de JP Morgan y el Deutsche Bank, informó Néstor Román Sánchez Amaya, gerente general de la Unión Vial Río Pamplonita.

El proyecto de infraestructura, que tiene un costo de $2,07 billones y un tiempo de ejecución de seis años, fue avalado por Infrata, una de las firmas de asesoría técnica y comercial más reconocidas en el ámbito de la banca de inversión.

El año pasado, contó Sánchez, una delegación de este grupo de inversión estuvo en Cúcuta para conocer de primera mano el tramo a intervenir y las actividades que se cumplen en la vía a cargo de la filial de la española Sacyr.

El monto del crédito asciende a 640 millones de dólares ($2 billones) y el primer desembolso está previsto para junio o julio de este año. No hay un estimativo del valor porque este depende del avance de la obra de cuarta generación (4G).

En este momento, los dineros provienen de Sacyr Concesiones Colombia SAS y de Sacyr Concesiones. Actualmente, se maneja una deuda subordinada hasta que el crédito ingrese.

Sánchez explicó que en agosto se iniciaron los trabajos en la unidad funcional 6, que corresponde a la rehabilitación del tramo existente y tiene un avance de 2,3  %.

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También indicó que una vez se aprobó la licencia ambiental de la unidad funcional 2, se comenzaron los trabajos en la zona, que consistían en la remoción de unas plantas muy protegidas por la normatividad colombiana.

En cuanto a la obra en ese sector, en 15 o 20 días se empezará la remoción de tierra donde se hará el desdoblamiento de la nueva calzada entre Pamplona y Pamplonita.

Se está a la espera de la licencia ambiental para la unidad funcional 1 –la variante de Pamplona–, donde se construirá un túnel bidireccional de 1.390 metros.

Se espera que para la primera quincena de marzo haya obras en tres de las seis unidades funcionales en las que está dividido el proyecto vial de cuarta generación. 

Las otras unidades (3, 4 y 5) están recogidas en una licencia, de la que se espera respuesta en dos meses por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).