Ni siquiera el eufemismo de Ley de Financiamiento le sirvió a la reforma tributaria para salvarse del fuerte golpe que le asestó la Corte Constitucional al declararla inexequible, dejando al país en ascuas frente a un recaudo incierto y una maltrecha imagen en el exterior que podría afectar la inversión en el país.

Daniel Bulla, gerente Senior de Impuestos de la firma BDO en Colombia, empresa experta en impuestos, asegura que “la dinámica del país en el fin de año debería cerrar con el mismo curso que hasta el momento del fallo traía”.

No obstante, considera que la incertidumbre, de cara a cómo será tributariamente el 2020, sí puede desacelerar y retraer la economía, y con ello el recaudo a nivel nacional.

La Corte y el Gobierno Nacional de forma pacífica quisieron no traumatizar la seguridad jurídica del año gravable 2019 pero, acordaron solucionar los vicios de forma en la promulgación de la Ley con miras al año 2020.

Según Bulla, en medio de este “efecto diferido” quedan en vilo todas las empresas, si el Gobierno no logra darle nueva vida a Ley de Financiamiento en el Congreso, volviéndola a tramitar en lo que queda del año.

Luis Fernando Mejía, director del Fedesarrollo, explicó que dos meses y medio para volver a presentar el proyecto de ley es un tiempo “apretado” y la estrategia más razonable es presentar el mismo texto.

Sin embargo, agregó que eso no quiere decir que el proyecto salga exactamente como lo radicó el gobierno, pues seguramente habrán discusiones en el Congreso de la República.

 Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, tendrá que presentar nuevamente el proyecto en enero.

Los perdedores 

Según el experto de BDO, además de las empresas, los grandes perdedores son, por ejemplo, la exención del IVA a bienes de capital, pues queda sin sustento la posibilidad para las empresas de descontar este tributo en los casos que se adquieran o construyan bienes y servicios.

Frente a la reducción de las tarifas de impuesto de renta que perderían las empresas que impulsen la generación de empleo, considera que los damnificados también son los trabajadores.

La Ley de Financiamiento establecía reducciones en las tarifas que iban del 33 % para este año 2019, hasta el 30 % a partir del 2022.

Dentro de este grupo de perdedores también están las empresas agropecuarias y las empresas de la economía naranja que habían sido incentivadas por el gobierno.

Bulla recordó que las primeras, eran exentas con 10 años si cumplían con una generación de empleo e inversiones establecidas, y las segundas, con exención por 7 años si cumplían con ventas de 2.700 millones de pesos al año.

“Para todo el tejido empresarial con independencia de su tamaño, también sería nefasto el hecho de que no se ratifiquen las modificaciones de esta ley”.

Agregó que de esta forma se pondría en tela de juicio factores importantes como la reducción de la tarifa corporativa del Impuesto a la Renta, la eliminación de la renta presuntiva, el descuento del 100 % del IVA pagado en adquisiciones de activos fijos reales productivos y del 50 % de ICA efectivamente pagado, la modulación en la regla de subcapitalización y la posibilidad de obtener devoluciones automáticas de saldos a favor”.  

 Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrolllo.

 Daniel Bulla, gerente senior.

Los que ganan

El director de Fedesarrollo considera que en este panorama no se puede hablar de ganadores y perdedores, sino de elementos relacionados con reducir el costo de invertir en el país y por otra parte hacer el estatuto tributario más progresivo.

“Uno primero tiene que ver la reducción del costo de invertir en el país y los descuentos para el pago de renta, todo esto lo que hace es jalonar la inversión, hay cosas interesantes como los descuentos progresivos”, agregó,

Según Mejía, el impuestos al patrimonio para las personas que tengan bienes superior a los $5.000 millones es importante porque es progresivo y le llega a las personas más ricas al país.

Agregó que para el ciudadano de a pie, la Ley de Financiamiento tiene afectaciones muy mínimas.

“Lo que se hizo de aumentar los impuestos se hizo focalizado a las personas que tuvieran patrimonios muy elevados, que claramente no son ciudadanos de a pie”, agregó.

En contraposición, el experto de BDO asegura que los ganadores con este desenlace a la Ley de Financiamiento podrían ser las personas naturales, las zonas francas, las constructoras y los bancos.

“Ellos pueden ver con buenos ojos este fallo y una luz a las medidas que dejaron muy nublada su tributación en la ahora extinta Ley”.

Además, señaló que es necesario que, aunque las modificaciones se ratifiquen, se aclaren aspectos que brinden un puerto seguro.

“Este efecto puede tener una lectura positiva a nivel internacional, pues deja bien parada la institucionalidad y la independencia de poderes en Colombia, frente a un contexto regional complicado con casos como los de Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina”, dijo.

Frente al hecho de si la medida podría afectar la confianza y el buen prestigio de Colombia en los mercados internacionales y con la inversión extranjera, Bulla asegura que esta es una moneda con dos caras leídas independientemente.

“Una primera, en efecto va en detrimento de la seguridad jurídica que no brinda el país, con la cual es difícil explicar a un inversionista extranjero que faltando dos meses para terminar el año no tenemos claridad de qué reglas de juego regirán para el año 2020”.