Por La Guajira ha ingresado el 93% de los cigarrillos de manera ilegal al país.
Incautaciones de cigarrillos de contrabando aumentaron 309%
La Alianza Latinoamericana Contra el Contrabando (ALAC) lideró un nuevo encuentro en Ciudad de Guatemala, donde asistieron instituciones gubernamentales y representantes de la empresa privada de 13 países para continuar trazando el camino y avanzar en la lucha contra el contrabando.
En el encuentro, donde se creó la primera mesa latinoamericana de alimentos y bebidas contra el contrabando, se conoció que en lo que va de 2017 las incautaciones por este concepto en Colombia ascienden a más de $ 7.500 millones, siendo las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre los de mayor participación con el 40%, seguido por carne y despojos comestibles con el 14%.
El contrabando de cigarrillo es un fenómeno que también se mantiene vigente. En el país, desde la reforma tributaria que entró en vigencia el 1 de enero de este año, las incautaciones crecieron un 309%.
Para este mismo sector, el crecimiento promedio de las importaciones mensuales por la Zona de Régimen Aduanero Especial en la Alta Guajira, lugar de ingreso del 93% de los cigarrillos de contrabando del país, ha sido de 77%, comparando el periodo enero a julio de 2017 con 2016.
Durante el encuentro se reveló que, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el consumo mundial de cigarrillos ilícitos excede los 500 billones anuales, siendo la pérdida estimada de los gobiernos por los impuestos que se dejan de pagar por el consumo de este ilícito por más de $40 billones de dólares anuales.
La reunión permitió el establecimiento de un plan de acción para la instalación del observatorio anticontrabando que generará información relevante en relación con el contrabando en los países de América Latina y apoyará la generación de políticas públicas y privadas que permitan combatir este flagelo.
“Es importante que el problema se afronte y combata en bloque, ya que los grupos que se dedican a cometer este ilícito se mueven acorde a la facilidad o dificultad que encuentren en determinado país para desarrollar esta actividad”, señaló Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la ANDI.
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