La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo un estudio sobre las medidas de seguridad que han implementado más de 30.000 empresas privadas y entidades públicas para usar, recolectar, almacenar, circular o tratar datos personales.

En el estudio, del total de 32.763 muestras, 31.410 fueron de empresas privadas (95 %) y 1.353 de entidades públicas (4,1 %).

El informe reveló que solo el 34,3 % de la muestra cumple con los requisitos sobre seguridad que fueron definidos por la SIC.

Esto significa, que 65,7 % de las empresas y las entidades públicas no han implementado medidas apropiadas y efectivas para garantizar la seguridad de los datos personales.

La SIC también pudo identificar que el 79 % de las organizaciones consultadas no han implementado una política específica que regule el acceso a la información personal de las bases de datos con información sensible.

Vale la pena recordar, que son datos personales, documentos como la cédula de ciudadanía, las cuentas en entidades financieras y en general la información que se suministra para adquirir un bien o servicio.

Teniendo en cuenta los resultados del informe en el que se encontró que 148 empresas que tratan datos sensibles afirmaron no haber hecho nada respecto de las preguntas de seguridad de los datos.  La SIC emitió órdenes a todas estas empresas para que implementen medidas de seguridad para garantizar la seguridad de la información de las personas.

Estas empresas que deben implementar medidas se encuentran ubicadas en: Bogotá (40,5 %), Medellín (10,1 %), Barranquilla (8,1 %), Cali (8,1 %), entre otras ciudades; y en Cúcuta hubo un 1,3 % (dos empresas). 

Por sus actividades económica se distribuyen en: sector de comercio (19,6 %), construcción (14,2 %), actividades financieras (13,5 %), industria manufacturera (10,1 %) y transporte (9,5 %).

La SIC agregó que tomo estas órdenes, teniendo en cuenta que estas empresas manejan datos sensibles de los usuarios sobre los cuales la Corte Constitucional ha manifestado que existe una responsabilidad reforzada que exige mayores medidas de seguridad. 

El caso más llamativo es el de la gobernación de Santander, quienes deberán registrar todas las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos, luego de que la SIC descubrió que hubo información de algunos despachos que no se había sumnistrado.