Las sanciones a la industria petrolera de Venezuela por parte de Estados Unidos entraron en vigor el fin de semana, en un momento en que se agudiza la crisis en el país.

Las restricciones a la compra de crudo de la petrolera estatal PDVSA forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto e impactan al propio Maduro, pero también a instituciones políticas y financieras del país.

Antes de las sanciones anunciadas en enero, Venezuela exportaba 500.000 barriles de petróleo ultra pesado a Estados Unidos, donde operaba Citgo, una filial de PDVSA cuyas cuentas quedaron bloqueadas para entregarle el mando de sus finanzas a Guaidó.

Para Mariano de Alba, experto en Derecho Internacional, si todavía quedaba alguna operación entre PDVSA y alguna empresa estadounidense o que usen su sistema financiero, “ahora los riesgos son mayores”.

El petróleo es el pulmón de la alicaída economía venezolana, a la que aporta el 96 % de los ingresos.

Con la caída de producción, estas entradas de caja están en descenso en un momento en que el país ya atraviesa una crisis sin precedentes, con una hiperinflación prevista por el FMI de 10.000.000 % este año.

Una consecuencia clave de las sanciones es que Caracas tiene que encontrar quién le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción.

La consultora Rapidan Energy Group, calculó que la producción de PDVSA podría perder temporalmente unos 200.000 barriles por día. El bombeo, que era de 3,2 millones de barriles diarios en 2008, bajó a unos 840.000 en marzo.

Para eludir la sanción, el gobierno venezolano se ha volcado hacia India, China y Rusia, aunque las inminentes penalizaciones han ahuyentado a muchas empresas indias.

Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, del centro de estudios progresista CEPR, realizaron un informe en el que pronosticaron que los ingresos del petróleo tendrán una caída del 67 % en 2019. Por su parte, Maduro ubicó en 30.000 millones de dólares los daños de las sanciones a la economía.