Como estaba pactado para este jueves, el presidente Iván Duque Márquez instaló su primera Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en compañía de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en la que se definió que el próximo 22 de noviembre arrancará en firme la discusión sobre el salario mínimo que regirá para 2019.

Por cerca de dos horas, en el encuentro de la mesa tripartita, conformada por el Gobierno, empresarios y trabajadores, se discutió sobre el pacto por el trabajo decente, la informalidad laboral, las posibles propuestas del salario mínimo y el empleo en la juventud.

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“Ha sido una fecha importante, porque es la primera vez que un presidente hace presencia en esta reunión y hemos logrado avances como el 'pacto por el trabajo decente'. Debemos generar más empleo en la juventud en una economía que crezca y que esté formalizada generando más bienestar y productividad”, dijo el jefe de Estado.

Duque resaltó que no será la última reunión de la que hará parte en esta materia y agregó que esto refleja su interés persona y como gobernante de buscar mejores condiciones para los trabajadores del país.  

El primer mandatario expresó que el país tiene “una inmensa” informalidad laboral, que es superior al 50%, resaltando que una de las metas es generar empleos formales.

“Los micro, pequeños y medianos empresarios son los que nos ayudan a formalizar al país. El espacio en la mesa de concertación es propicio para el diálogo sobre la agenda laboral y salarial del país. Es la oportunidad para que empecemos a construir esa visión del futuro y llegar a donde queremos”, agregó Duque.  

A su turno, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, manifestó que la presencia del presidente Duque significa que las “propuestas se vuelven reales” fortaleciéndolas y dándoles mayor responsabilidad a quienes conforman la mesa.

“Desde la comisión uno de los mensajes más importantes ha sido el pacto por el trabajo decente al que ya se han unido más empresas que entienden que la tarea de concertar es de todos. Desde que llegué al Ministerio he dicho que el diálogo social es fundamental para mejorar las relaciones laborales en el país y uno de los escenarios en donde mejor se refleja esa determinación es en esta mesa”, sostuvo Arango.

Los gremios

El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, se mostró satisfecho con la reunión y resaltó que los diálogos fueron “sinceros” por parte de quienes la conforman.

“Estas reuniones no solo se pueden centrar en la discusión de cuánto aumenta el salario mínimo sino se debe abordar desde todos los puntos de vista la construcción del empleo formal en el modelo económico sustentado al país. Yo creo que hay un compromiso por parte de la presidencia de la Republica y a partir del próximo 22 de noviembre se tendrá la primera reunión de la comisión permanente de concertación para definir la agenda en lo que tiene que ver con la discusión del salario mínimo legal que tendrá vigencia a partir del primero de enero de 2019”, detalló el líder de esta central obrera.  

Gómez resaltó que la CGT y los demás gremios van a hacer todo lo que esté a su alcance para llegar con una propuesta unificada en materia de salario, teniendo en cuenta que hay voces distintas para la propuesta. Así mismo, aclaró que no se ha discutido alrededor de las cifras para el aumento del próximo año  

“Uno no puede hacer aquí demagogia barata diciendo qué hay que redoblar el salario mínimo legal porque se sabe que no es viable, pero con los pies puestos en la tierra y pensando como país queremos que en esta ocasión esa concertación del salario mínimo llegue a buen puerto. La cifra se está tanteando y nadie la manejó, nadie ha hablado ni del 4%, el 8% o del 10%, se manejaron elementos de tipo político sobre la conveniencia para el país de concertación con el objetivo de hacer un acto de justicia para quienes devengan de esto”, concluyó Gómez.  

Durante la mesa de concertación, empresarios y trabajadores del sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizaron un plantón en la entrada del Ministerio de Trabajo exigiendo garantías laborales.