El salario mínimo para el 2018 será de 781.242 pesos, luego que se definiera un incremento del 5,9 %.

El anuncio se conoció luego de una reunión que encabezó el presidente Juan Manuel Santos y en la que participaron los ministros de Trabajo y Hacienda, Griselda Restrepo y Mauricio Cárdenas, y los representantes de los trabajadores y los pensionados Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT); Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y John Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados (CDP).

Los dirigentes sindicales, que en el arranque de las conversaciones el 5 de diciembre pidieron un aumento del 10 %, habían cedido hasta el 7 % en el encuentro que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales (CPCPLS) sostuvo el pasado jueves.

A la reunión con el mandatario no asistieron los empresarios quienes subieron su oferta de alza de 4,5 % a 5,1 %, pero reconociendo que podrían acoger un aumento hasta el 6 %. Tampoco participaron los voceros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que arrancaron con una aspiración del 12 % para bajar hasta 9 %. Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, le dijo a EL COLOMBIANO que ni siquiera por “urbanidad” fueron convocados a ser parte del encuentro del sábado en la Casa de Nariño.

El salario mínimo que para 2017 fue de 737.717 pesos, se ajustó en 43.525 pesos, al igual que el auxilio de transporte que pasó de 83.140 pesos a 88.211 (subió 6,1 %), con lo que la remuneración mínima para 1,7 millones de trabajadores en Colombia será en el 2018 de 869.453 pesos.

La “negociación”

El 20 de noviembre se anunció el cronograma que seguiría la CPCPLS para la negociación del salario mínimo de 2018.

Según lo definió la CPCPLS, en la última semana de noviembre empezó la discusión en relación con la productividad, una de las variables económicas que se tienen en cuenta para la fijación del salario mínimo.

A partir del 5 de diciembre en las instalaciones de Compensar de la calle 68, arrancaron las discusiones en torno al salario mínimo, con la exposición por parte de las entidades del Gobierno: ministerios del Trabajo, Hacienda, Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Dane, que presentaron sus respectivas valoraciones de la situación económica del país, teniendo en cuenta los aspectos fijados para este incremento salarial: Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año causado y su proyección para el siguiente; PIB del presente año y su proyección; y el aporte de la productividad al crecimiento de la economía.

El 7 de diciembre el sector empresarial y las organizaciones sindicales presentaron sus ofertas, que fueron distantes y se ubicaron entre el 4,5 % y el 12 %.

Las negociaciones sobre salario mínimo en la etapa inicial se extendieron hasta el 15 de diciembre, fecha para la cual no hubo acuerdos. Hasta el 27 de diciembre se adelantaron consultas por parte del Ministerio de Trabajo con las partes y el 28 de diciembre se convocó el último encuentro de la CPCPLS, que terminó sin concertación.

¿Sirve la CPCPLS?

Pese a que la ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, insistió en que “la discusión sobre el salario mínimo debe servir para enviarle al país un mensaje de que trabajadores, empresarios y Gobierno tienen la posibilidad de encontrar acuerdos y puntos en común para sacar adelante la agenda que necesita Colombia”, lo ocurrido este año y la falta de un consenso muestran otra cosa.

El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario recuerda que a pesar de que la Ley 278 de 1996 (que regula el funcionamiento de la Comisión de Concertación) adoptó un modelo de fijación tripartita entre Gobierno, asociaciones de empleadores y centrales sindicales, en 21 años de funcionamiento ha tenido falencias estructurales que se pueden explicar por la composición de la mesa de concertación y las reglas que debe seguir cada uno de los sectores involucrados en la negociación, entre otros factores, para hacer de esta comisión un escenario que dista de ser un espacio de acuerdo.

El Observatorio precisa que en 21 ocasiones en que se ha reunido la CPCPLS se han logrado solo cinco acuerdos y 16 fijaciones unilaterales por el Gobierno.

En ese escenario el director del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), Mario Valencia, sugiere que se debe romper el mecanismo que se utiliza para concertar el salario mínimo.

“El modelo consiste en que el Gobierno se sienta en la mitad a observar cómo gremios y sindicatos debaten sobre el aumento. Esto debe cambiar. Empresarios y trabajadores deben buscar fórmulas que permitan llegar a acuerdos sobre la evaluación de la situación estructural de la economía, de la cual el Gobierno no es convidado de piedra, sino el mayor responsable”, declara.

Mientras no haya un cambio, Valencia advierte que cada año se repetirá “el ritual de negociar cómo se reparten las migajas, dentro de la misma exigua frontera de posibilidades de producción, cuando lo que hay que lograr es ampliar esa frontera a la verdadera dotación de factores productivos, hoy desaprovechados”.

Para el Partido Socialista de los Trabajadores tras casi un mes de conversaciones “la farsa de la negociación del salario mínimo se repite. La perspectiva de un ajuste miserable, ya sea mediante un improbable acuerdo o por la imposición del salario por decreto presidencial, de ninguna manera podrá llamarse aumento, ya que ni siquiera cubrirá las mínimas necesidades de subsistencia de los más de dos millones de trabajadores y sus familias que tienen que sobrevivir con el mínimo. Nada bueno para los trabajadores puede esperarse de esta mesa de concertación”.

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, quien participa en estas discusiones desde el año 2003 en representación del sector privado, defiende el actual modelo de negociación. “Se han planteado alternativas, pero la única forma de fijar el mínimo es que hablen empresarios, trabajadores y Gobierno, porque entregarle esto a un tercero, como el Senado, es muy difícil”.

Para el dirigente, hacer el ajuste en enero y no en diciembre, le generaría más costos a las empresas por tenerlo que hacer el pago retroactivo.

A su turno Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), considera que la discusión debe darse por parte de la CPCPLS en “tiempo frío”, es decir en los primeros meses del año para poder evaluar y tomar determinaciones con las cifras e indicadores consolidados y no provisionales.