Con aproximadamente 9,2 millones de trabajadores cotizando para pensionarse, y más de 22 millones de personas en edad económicamente activa, Colombia y el nuevo ministro de Trabajo, Ángel Cabrera, se enfrenta al reto de modificar radicalmente el sistema de jubilación para garantizar el financiamiento de las mesadas de esta población cuando, en un par de décadas, haya envejecido.

Esto, dado que, como se ha venido anunciando desde hace más de una década, el modelo actual no es sostenible en el tiempo y una de las razones es que, de por sí, hoy se pagan alrededor de $40 billones del presupuesto anual a 1,3 millones de pensionados que no están en los fondos privados.

Así las cosas, el hueco fiscal es más que significativo, pues representa cerca de 14% de los recursos disponibles que podrían ser utilizados en inversión y no en gasto.

Sin embargo, la discusión es tan sensible que, pasado un año y seis meses desde la posesión del Gobierno de Iván Duque, aún no se ha sacado adelante la reforma que la mayoría de expertos consideran que solo puede ser calificada como urgente.

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Hasta ahora, lo que se sabe es que el Gobierno tiene un grupo de ‘inamovibles’ que no serían discutidos dentro de la hipotética reforma, los cuales son subir la edad de pensión- que actualmente es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres; aumentar el porcentaje de la cotización por parte de los empleados, que hoy es del 4%; mantener la pensión de sobrevivencia y respetar los derechos adquiridos.

Así las cosas, son múltiples las propuestas que han expuesto distintos gremios y expertos en el tema, pero como ha repetido en diversas ocasiones el presidente Duque y la entonces ministra de Trabajo, Alicia Arango, aún no hay una sola palabra escrita sobre la reforma pensional. De hecho, en Inside LR el primer mandatario señaló que el foco del Gobierno no es propiamente adelantar una reforma laboral, sino “concertar una norma de protección a la vejez” pues, según destacó, la prioridad es aumentar la cobertura, por lo que le han apostado a aumentar el número de personas inscritas al programa de subsidios de Colombia Mayor, que entrega $80.000 cada dos meses.

Pero además de las pensiones, el gran reto de la cartera laboral es aumentar la formalidad, hoy inferior a 50%; así como disminuir a 7,9% el índice de desempleo en dos años y cinco meses, pese a que la tasa con la que cerró 2019 fue de 10,5%. “El reto es profundizar las políticas activas de formalización para reducir el desempleo con trabajo decente”, señaló Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.