El 2015 dejó en las entidades territoriales (departamentos y municipios) un nivel de endeudamiento alto equivalente a 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) que, según el Ministerio de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no se veía desde 2005.

De acuerdo con el informe de viabilidad fiscal de la entidad, este incremento es explicado  por tres factores. El primero va por cuenta de una expansión en las obligaciones financieras de las empresas públicas. El segundo es la contratación de créditos en el exterior y el tercero es la devaluación registrada del peso frente al dólar.

Las cuentas que se compilaron en el informe muestran, en el balance financiero de los 32 departamentos, que los ingresos durante 2015 estuvieron por el orden de $21,6 billones, de los cuales, $6,7 billones corresponden al recaudo tributario. La financiación ascendió a $5,4 billones en los que los recursos por crédito llegaron a $569.208 millones.

En el documento también explican que el impacto del choque petrolero, provocado por la caída de los precios internacionales de las materias primas, fue asumido por el Gobierno Nacional en su totalidad. Esto permitió que en el caso del recaudo, se registrara un crecimiento de 3,3% del PIB en 2015.

Sin embargo, al mirar el déficit o superávit de los 32 departamentos se encontró que solamente dos registraron en 2015 un saldo a favor. Uno fue Sucre con $26.652 millones y el otro fue Guaviare con $874 millones. Los restantes 30 departamentos mostraron un déficit en su balance financiero que lleva a que las cuentas estén con un saldo en rojo en un monto de $2,4 billones.

Los tres que más déficit registraron fueron Casanare ($432.114 millones); Antioquia ($428.704 millones) y Guajira ($230.511 millones). Y en este punto, el Ministerio de Hacienda hace una observación sobre la dependencia que tienen las entidades por cuenta de las transferencias de la Nación en el Sistema de Regalía o en el Sistema de Participaciones. “Si bien las finanzas departamentales están equilibradas para preservar su sostenibilidad es crucial que converjan a la nueva economía a través de una mejor gestión estatal”, anota.

Sobre este asunto, José Roberto Acosta, vocero de la Red de Justicia Tributaria señaló que “es momento de volver a revisar la ley de los semáforos porque vemos que se está incrementando la deuda de las entidades territoriales de una manera preocupante. A esto se debe sumar que la caída de los precios del petróleo ha afectado a muchas de las regiones que están acudiendo a la deuda como un mecanismo de financiación y en eso el Ministerio de Hacienda debe estar alerta para tomar los correctivos necesarios”.

Bogotá | Colprensa