Muertos, personas con grandes sueldos y falsos residentes del sector rural, aparecen en la lista de nortesantandereanos que están siendo beneficiados por los subsidios y diferentes ayudas que ofrece el Gobierno Nacional a través del Sisbén.

De acuerdo con una investigación elaborada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la región hay 6.355 colados que serán sacados de los listados y castigados por la ley.

La mayor parte de este “robo social”, como calificó Simón Gaviria, director del DNP, a este fraude, la cometen personas con grandes ingresos económicos. De acuerdo con el estudio, 3.326 (52,5%) de los colados en Norte de Santander tienen sueldos superiores a $3,8 millones y calificaciones en el Sisbén inferiores a 50 puntos, lo suficiente para acceder a los beneficios de los más de 20 programas que el Estado tiene dispuestos para los más pobres, entre ellos ‘Ser pilo paga’, ‘Más Familias en Acción’ y ‘Adulto mayor’, entre otros.

Lo más preocupante en este caso es que a pesar de los múltiples llamados hechos por el DNP a los alcaldes de los municipios de Norte de Santander para que depurarán las bases de datos y evitaran las inconsistencias en el sistema, los colados con sueldos superiores a $3,8 millones aumentaron un 66,3% entre octubre de 2015 y agosto de 2016, pasando de 1.943 a 3.226.

El segundo caso de corrupción se presenta con los papeles de 2.470 personas que a pesar de estar muertas, continúan recibiendo los subsidios.

Además se encontraron 213 casos de personas que dicen vivir en una pieza de un inquilinato para lograr un bajo puntaje en el Sisbén, cuando en realidad habitan en una casa. Otras 446 fueron descubiertas con información no justificada, por ejemplo, aparecen como residentes en el sector rural, cuando su domicilio en la ciudad.

Para expulsar del sistema y castigar a los ciudadanos que están incurriendo en estas prácticas fraudulentas, el DNP se amparará en la reforma al Sisbén aprobada hace ocho días por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes), que busca hacer del sistema más eficiente, eliminando esta clase de irregularidades.

Frente a la deficiente calidad de los datos registrados en el Sisbén, se propone un ajuste normativo que permita sancionar a quienes manipulen la información para obtener beneficios.