Fortalecimiento y mayor presencia del Estado, mayor pie de fuerza y tecnología para las autoridades, la implementación de un esquema práctico de contrainteligencia para atacar la corrupción frente al fenómeno y la creación de programas de sustitución de las prácticas delictivas, que generan millonarios ,recursos son algunas de las alternativas que plantean especialistas para luchar contra las economías informales que minan el tejido social en Cúcuta.   
 
Las propuestas surgieron después de que expertos analizaron para La Opinión el fenómeno que pulula, en la frontera con Venezuela, con el contrabando de gasolina, carne, chatarra y bienes y servicios, narcotráfico (venta de droga e insumos), venta de armas, comercialización ilegal de oro y trata de personas, entre varios ‘negocios subterráneos’.

Mientras la ilegalidad permea la mayoría de las estructuras sociales locales, Cúcuta registra la más alta tasa de informalidad en el país con 73,3%, muy encima del promedio nacional de 47,2% fijado por el Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (Dane) para las principales ciudades del país.

A esta situación se une que la capital nortesantandereana es la tercera ciudad con mayor porcentaje de pobreza en Colombia, con 45,5%, tan solo superada por Quibdó (60,9%) y Riohacha (49,3%). 

El ingreso per cápita de la unidad de gasto en el área metropolitana se ubicó en $508.733, siendo el dato más bajo en comparación con las 13 ciudades capitales principales de Colombia.

Y como si esto fuera poco, en la última medición de desempleo Cúcuta, con 27,9%, figuró como la cuarta ciudad con más desocupados, después de Neiva (34%), Ibagué (32,7%) y Popayán (28,2%), reflejando las pocas oportunidades de ocupación que hay en la región.

Trabajo a largo plazo

El reconocido politólogo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, y quien ha recorrido la frontera con Venezuela para elaborar diagnósticos sobre la situación que ocurre en el área metropolitana, concluyó que aunque no hay soluciones inmediatas se debe comenzar a trabajar en el tema sin pensar en soluciones a corto plazo.

“Las ilegales son economías muy rentables y para eso no hay soluciones inmediatas. Pensar que eso se va a acabar en uno o dos años es estúpido. Lo que hay que hacer es quitarle gente a esas economías ilegales, hacer programas de sustitución y quitarle gente a la coca, pero soluciones milagrosas a esas no hay. En la frontera entre Colombia y Venezuela siempre han existido redes criminales que vinculan mucha población a eso”, manifestó Ávila.

Según el analista durante muchos años las autoridades dejaron crecer este flagelo y ahora no es tan fácil controlar el fenómeno. “Es una mezcla entre ausencia de estrategia y corrupción”, añadió.

De acuerdo con el análisis de Ávila, Cúcuta tiene dos problemas adicionales al resto del país: en zona de frontera, con un fenómeno migratorio en auge por la diáspora venezolana, y los gobiernos de Nicolás e Iván Duque no se articulan en materia de seguridad.

“Hay que hacer muchas cosas como fortalecer el Estado y hacer contrainteligencia. No se trata de enviar un mensaje desesperanzador y lo que trato de decir es que soluciones milagrosas no hay. Tuvimos una oportunidad con el posconflicto (acuerdo de paz con las FARC) pero por diferentes motivos no se pudo hacer. Hay que crear una estrategia para esa zona pero el problema es que el mundo político se mueve por los resultados inmediatos y eso hace que los temas de fondo no se prioricen”, agregó Ávila.

Propuestas de los gremios

Reconociendo el mal momento económico que vive la región, agravado por la pandemia, los gremios económicos locales proponen medidas de seguridad, migratorias y sociales para generar las condiciones precisas que permitan mejorar las cifras de empleo formal.
  
Sergio Palacios Vásquez, presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en Norte de Santander, indicó que su agremiación ha solicitado mayor pie de fuerza, tecnología para las autoridades y comités de seguridad por sectores para que la ciudadanía apoye, con información, el trabajo de los uniformados.

“Estamos escasos de personal de Policía. Para combatir el contrabando La Polfa (policía Fiscal y Aduanera) no tiene más de 80 hombres. Para combatir la delincuencia se necesitan drones, más vehículos, la Policía está impotente y la delincuencia está mejor organizada y estructurada”, señaló Palacios Vásquez.

El dirigente aseguró que si se cumplen sus solicitudes “los empresarios podríamos organizar nuestras estructuras y generar más empleos formales a través de productos que no tengan  competencia ilegal”.

Ana Jaimes, directora regional de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (Acopi), precisó que el alto índice de informalidad en la ciudad se podría disminuir si se formalizan los emprendimientos de decenas de personas, que no generan ningún tipo de violencia, pero que a diario llegan a Cúcuta con modelos de negocios propios. 

El apoyo a los emprendedores, según la líder gremial, disminuiría las cifras de desempleo que este año alcanzó registros históricos como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Según Jaimes, esta zona del país está en el momento de hacer un ejercicio de formalización y de inclusión (a emprendedores) acompañado de varias instituciones del Gobierno.  

“En el tema de contrabando de gasolina el gremio que reúne a los expendedores de combustible en el departamento le ha solicitado al Gobierno que permita la probabilidad de hacer exportación legal de combustible a Venezuela. El objetivo de esa solicitud es que se pueda ayudar con el desabastecimiento de ese país y, de alguna manera, podamos frenar el crecimiento del contrabando en el área fronteriza, porque los carteles aprovechan la difícil situación de Venezuela para hacer uso y abuso de la posición dominante que tienen sobre las rutas de distribución”, indicó Jaimes. 

La representante de Acopi, refiriéndose al fenómeno del éxodo de personas desde Venezuela, y que también se relaciona con algunas economías ilegales, precisó que hoy no están dadas las condiciones logísticas y migratorias para abrir los pasos peatonales en la frontera.

“Hasta que tengamos definida capacidades no se deberían abrir los pasos peatonales, aunque estamos dispuestos y apoyamos la institucionalidad”, concluyó.

En repetidas oportunidades, y a través de la oficina de prensa de la entidad, La Opinión trató de dialogar con Sergio Andrés Entrena,  presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, para conocer su posición con el tema en mención, pero el dirigente no respondió las llamadas a su celular en varios horarios que se habian establecido previamente con él.

Versiones diferentes

Mientras en la Alcaldía de Cúcuta sus funcionarios precisan que sí se está trabajando para combatir las estructuras que lideran las economías ilegales, defensores de derechos humanos insisten en que desde la administracion no se están ejecutando acciones contundentes para combatir el delito.

Alejandro Martínez, secretario de Seguridad, dijo que se realiza un trabajo con la Secretaría de Desarrollo y Banco del Progreso para generar reconversiones sociolaborales y, con la Policía, según él, se realizan operativos constantes contra el contrabando.

Enrique Pertuz, director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, manifestó que no hay una buena lectura oficial de lo que pasa en Cúcuta con el tema de la seguridad y por esa razón no hay estrategias para combatir la situación que hoy se vive.