La criptomoneda venezolana, con la que el gobierno busca sortear sanciones de Estados Unidos y resolver sus graves problemas de liquidez, ya está a disposición del público, pero pocos saben cómo transarla.

 

Tras un mes de preventa privada en la que según el presidente Nicolás Maduro se recibieron “ofertas de intención de compra” por 5.000 millones de dólares desde 133 países, el pasado viernes arrancó una oferta pública que finalizará a mediados de abril.

 

El desconocimiento reina pese al amplio despliegue mediático. Incluso Maduro y sus funcionarios dieron el banderazo de salida en fechas distintas.

 

La confusión llegó al punto de que una de las principales tiendas por departamentos del país colgó en sus vitrinas carteles con la leyenda “aceptamos PETRO como método de pago”, pero los retiró a las pocas horas porque los empleados no sabían qué decir a los interesados.

 

“No disponemos de información sobre cómo funcionaría el cobro a los clientes, por eso los quitamos”, comentó el gerente de una sucursal.

 

Las criptomonedas son “un concepto muy técnico” que “no maneja todo el mundo”, dijo Asdrúbal Oliveros, presidente de la consultora Ecoanalítica.

 

El gobierno venezolano está urgido de recursos ante la caída de la renta petrolera -fuente de 96% de los ingresos- y las sanciones estadounidenses que obstaculizan el acceso a financiamiento externo.

 

La semana pasada, Washington también prohibió a sus empresas y ciudadanos negociar petros, que Venezuela respalda en sus vastas reservas de crudo.

 

Declarados en default parcial por pagos atrasados de bonos en 2017, Venezuela y su petrolera PDVSA deben cancelar este año unos 8.000 millones de dólares para servir una deuda que ronda los 150.000 millones, con reservas internacionales de apenas 9.500 millones de dólares.

   

También con subastas

 

Expertos como Oliveros dudan de las posibilidades de éxito del petro ante lo que consideran un errático manejo económico. Un déficit de 20% del PIB y una hiperinflación que el FMI proyecta en 13.000% para 2018 alimentan la desconfianza.

 

Aunque acaba de anunciar la eliminación de tres ceros al devaluado bolívar para dinamizar la economía, Maduro quiere que la criptomoneda sea un amplio medio de pago de bienes y servicios.

 

El pasado jueves ordenó usarla en operaciones estatales, incluidas las de PDVSA.

 

Para ello listó los servicios turísticos entre ítems que deberán pagarse con la moneda virtual. Ariadna Zamora, responsable de una agencia de viajes, no sabe cómo.

 

“Nadie ha explicado absolutamente nada. ¿Cómo confías en una cosa que no conoces?”, comentó la operadora de 52 años.

 

Maduro informó que los petros podrán adquirirse con euros, rublos, yuanes y liras turcas, y tres criptomonedas: bitcoin, ethereum y zen.

 

Se transarían además en casas de cambio virtuales, en las que aún no están disponibles.

 

El vicepresidente Tareck El Aissami anunció que también se ofertarán en unas subastas de divisas -monopolio estatal- que se realizan semanalmente.

 

Para comprar petros el interesado debe registrarse en una web y descargar un monedero virtual que permite ejecutar las operaciones.

 

“No sé nada... ni idea”, declaró con una carcajada Carolina Méndez, sobre la posibilidad de aceptar petros en su heladería.

 

José Ángel Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas, que fomenta su uso, cree que el petro puede consolidarse aunque pide transparencia y “romper el muro de la desinformación”.

  

Falta transparencia

 

Al rendir cuentas de la preventa privada, Maduro no precisó cuántas unidades se negociaron ni su cotización. “No sabemos de dónde salen esos 5.000 millones de dólares”, dijo Oliveros.

 

El gobierno fijó en 60 dólares el “precio de venta de referencia”, equivalente a la cotización del barril de crudo venezolano, aclarando que podía variar.

 

Según la hoja de ruta, el Estado se reserva 17,6 millones de las 100 millones de unidades de la emisión, y ofertaría el resto entre la preventa privada (38,4 millones) y la venta pública (44 millones).

 

A 60 dólares, el máximo recaudable en la preventa es lejano al monto anunciado, salvo si hubo cambios en la emisión, lo cual minaría la “confianza”, señala Oliveros.

 

El precio habría oscilado entre 20 y 30 dólares, según el economista César Aristimuño.