Aunque de una forma poco convencional los cubanos podrán tener wifi en sus casa, en otro paso hacia la masificación de internet en la isla, siempre bajo la atenta mirada del gobierno, que la usa para defender la revolución, dice su viceministro de Comunicaciones.

“La revolución es un fenómeno que los cubanos abrazan y que defienden en cualquiera de los campos, en los campos terrenales y de ser necesario también en los campos virtuales”, asegura Ernesto Rodríguez Hernández en una entrevista con la AFP.

Para el viceministro, internet y la redes sociales sirven “para posicionar la verdad de Cuba, no para manipular las cosas”, lo que convierte la red en un nuevo campo de batalla político-ideológico, en momentos de fuertes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

El sector de las telecomunicaciones es el más activo desde hace un año en la isla, hasta entonces uno de los países menos conectados del mundo.

En diciembre pasado llegó la 3G a los teléfonos móviles, lo que permitió el surgimiento en la redes sociales de una comunidad muy activa que expone sus críticas al gobierno, sobre todo frente a las dificultades cotidianas.

Los cubanos podrán ahora importar tecnología para capturar desde sus casas la señal inalámbrica de internet que el operador estatal Etecsa irradia desde antenas en parques y plazas.

Esa señal podrá ser luego distribuida en sus viviendas a través de routers, que también están autorizados a importar, y contar con internet wifi a domicilio. El estado no provee conexión física de forma masiva. 

“El objetivo del país es propiciar un acceso cada vez más inclusivo (...) del servicio de internet por toda la población”, afirma el viceministro.

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Precios elevados 
   
Pero los requerimientos técnicos que establece la nueva legislación, sobre todo en términos de frecuencia, condenan a muerte a las redes informales que los cubanos fueron tejiendo en los últimos años. 

Para Rodríguez, este “reordenamiento” en “el uso del espectro radioeléctrico” es un “derecho soberano” del Estado cubano.

Además, se mantiene la tarifa de un dólar por hora de navegación, que resulta exorbitante en un país donde el salario promedio es de 50 dólares. El paquete 3G más barato es de 7 dólares por 600 megas.

En las redes sociales, varios cubanos lanzaron hace varias semanas la campaña #Bajenlospreciosdeinternet.

Desde que llegó la internet inalámbrica en 2013, la hora de navegación “ha bajado más de cuatro veces el costo y seguirá bajando en la medida que las capacidades y que las posibilidades de las infraestructuras de comunicación lo permitan”, explica Rodríguez.
En la isla, con 11,2 millones de habitantes, funcionan 1.400 zonas wifi, 80.000 hogares acceden a internet y 2,5 millones tienen acceso a la 3G.

Pero el gobierno socialista parece avanzar en este terreno con desconfianza. “Las tecnologías no son apolíticas como hoy se tratan de presentar (...) son manipuladas, se usan”, advierte el viceministro.

“Nada hacemos con proveer un servicio de internet a quienes no saben leerlo, a quienes no saben discernir entre la calidad de un contenido y otro, a quienes no saben discriminar qué es provechoso, qué es perjudicial, porque todo lo que hay en internet no es bueno”, agrega.
   
“Proteger” a Cuba 

Muestra de esta preocupación es un paquete de medidas publicadas a inicios de julio donde se llama al “uso responsable de los ciudadanos” y a “la defensa política y la ciberseguridad frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo”.

El mensaje es claro: internet debe ser un “instrumento para la defensa de la revolución”, según esta nueva norma que será aplicada por el Ministerio de las Comunicaciones, en coordinación con el de “Fuerzas Armadas y el Interior”.

Esto refuerza la estricta supervisión existente de las autoridades a internet.

“Sólo un pequeño porcentaje de la población tiene acceso a la internet global, a diferencia de una intranet nacional controlada por el gobierno. Los blogs y las web críticas suelen estar bloqueados”, destacó sobre Cuba la ONG Freedom House en un reciente informe.

Preguntado sobre este asunto, el viceministro responde que se trata de un mecanismo normal de protección de su país.

“Nosotros no compartimos los sitios en internet que (...) puedan incitar prácticas discriminatorias, puedan abordar temas que vayan contra la moral, contra la ética, contra el comportamiento responsable”, dice Rodríguez.

“Es un derecho de los Estados proteger a su pueblo, a su sociedad de prácticas de este tipo y creo que lo hacen todos los países del mundo”, concluye.