El Ministerio de Vivienda prepara el lanzamiento de su política de vivienda rural, con subsidios para atender a la población campesina para reducir el déficit de un techo que hay en el campo colombiano.

Este programa se formuló después de un proceso de diálogo social con 2.320 líderes comunitarios de zonas rurales, 948 autoridades locales y 12 gremios productivos.

La conclusión es que se debe atender a la población campesina más vulnerable y priorizar la atención a los municipios más apartados del país.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo que desde su cartera se han comprometido con la ruralidad. Y una de sus acciones es arrancar con la política, con la cual esperan beneficiar a 36.799 hogares rurales en los primeros años de implementación (hasta el 2022).

La política también hace parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional para reactivar la economía del sector de la construcción en el país.

“Esperamos generar cerca de 90.000 empleos en el desarrollo de proyectos de vivienda rural, de ellos 30.000 directos y 60.000 indirectos”, agregó Malagón.

La política

Desde el Ministerio informaron que la política de vivienda rural trae cuatro esquemas para priorizar la atención a la población campesina que realmente necesita una solución habitacional que garantice la eficiente ejecución de los proyectos en menos de un año.

Saira Samur, directora del programa de vivienda rural, explicó que la apuesta es cubrir las falencias que se tienen en materia de viviendas rurales.

Según los datos el déficit cuantitativo rural es del 21,5%, mientras el déficit cualitativo rural es del 69,4 %.

El déficit rural total es del 90,9 %, y los municipios que están en rojo y cuya situación es más crítica son Hacarí, Sardinata , San Calixto, El Tarra, Tibú, Teorama , Convención y El Carmen.

Es decir estos municipios tienen una cofinanciación del 80 % del valor de la propuesta por parte del Ministerio.

“Como país tenemos un gran reto por delante y la política pública lo que permite es generar sostenibilidad e importancia en el tema”, resaltó Samur.

Los pasos

Samur dijo que una vez se identifiquen los territorios más vulnerables, se van identificar las poblaciones que más se necesitan como las mujeres cabeza de hogar, las víctimas del conflicto, entre otros grupos vulnerables del territorio.

El primer paso del programa será la creación del Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) que clasifica a todos a los municipios del país en rojo o verde según variables socioeconómicas, poblacionales y productivas. Los rojos serán los municipios con mayor déficit de vivienda rural.

El segundo paso es aumentar el valor de los subsidios de vivienda rural, en los que se considera un rubro de transporte diferencial para llegar a las regiones menos apartadas.

El subsidio para vivienda nueva será de hasta 70 salarios mínimo mensual legal vigente. Mientras que el subsidio de mejoramiento puede ser de hasta 22 salarios mínimos.

Samur explicó que los aumentos en los subsidios se dan para garantizar que los cierres financieros se den en aquellos lugares con difícil acceso de vías y que estén alejados de los cascos urbanos municipales.

Además, la política va promover la operación de las obras por clústeres regionales en los 32 departamentos. Inicialmente, se han identificado 169 posibles clústeres geográficos, lo cual permite contratar empresas regionales y mano de obra local.

También, se incorpora el concepto de vivienda digna, a través del diálogo social y el diseño participativo, para que se adapten las casas al clima, las costumbres de las comunidades y que tengan espacios adecuados para las personas con discapacidad.

Primera convocatoria

Junto con la política de vivienda rural nace el programa ‘Vivienda social para el campo’ con la meta de construir 10.299 viviendas rurales nuevas, para ese número de hogares entre 2021 y 2022.

“Abrimos la primera convocatoria para que las alcaldías y gobernaciones que deseen cofinanciar proyectos de vivienda nueva rural en sus territorios en 2021. La convocatoria contará con recursos por $161.000 millones de pesos para apalancar la inversión de las regiones”, puntualizó Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda.

Esta convocatoria, estará abierta hasta el 24 de noviembre de este año, y permite la unión entre dos y cinco municipios de un mismo departamento para la presentación de las propuestas.

“Los alcaldes y gobernadores solo deben presentar sus propuestas, que deben ser de mínimo 200 hogares por grupo de municipios. El Ministerio va a estructurar el proyecto y crear la lista de beneficiarios”, puntualizó Samur.