En el país donde nació el ‘gota a gota’ no se logró encontrar durante esta investigación un caso exitoso en el que los prestamistas ayudaran a alguien a salir de la pobreza. Por el contrario, muchos casos de pequeños comerciantes llevados a la ruina y de familias desplazadas huyendo de deudas e intereses impagables.

Una pandemia que se extendió por toda Colombia y amenaza con convertirse en un problema de salud pública producto del estrés y el desespero que generan las amenazas y la presión diaria de los cobradores a sus víctimas.

Aunque es difícil saber cuántos deudores acuden al médico por alteración del sistema nervioso, el Boletín de Salud Mental del Ministerio de Salud señala que en Colombia se pasó de atender en 2012 a 217.325 personas por trastornos neuróticos relacionados con el estrés, a 246.883 pacientes en 2017.

Carlos Miranda, director científico del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, asegura que en el país no se llevan estadísticas como esas, “pero uno sabe de manera teórica que los estresores de carácter económico son complicados y generan depresión y ansiedad”.

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Su experiencia le permite saber, además, que “si alguien tiene deudas con el ‘gota a gota’ enfrenta varias dificultades porque le pueden cobrar de cualquier manera, pero si tiene además problemas laborales y familiares, al llegar a consulta contará lo último y no necesariamente hablará del ‘gota a gota’ y eso no permite que podamos llevar estadísticas diferenciales”.

Las únicas estadísticas que quedan son las de los medios de comunicación reportando casos de suicidios en Colombia por deudas con elevados intereses y pagos diarios. 

En la memoria de mucha gente sigue viva la imagen del 6 de febrero pasado cuando Paola Moreno Cruz, una ibaguereña de 32 años, se lanza de un puente en medio del desespero aferrada a su hijo de 10 años, mientras dos agentes de la Policía lloran ante la impotencia de no lograr persuadirla.

Tres meses después hizo lo mismo Juan Carlos Hoyos, un barranquillero que se lanzó del emblemático puente Pumarejo. Pero ya el país se había estremecido en mayo de 2016, cuando Noé Rodríguez se suicidó en Melgar, Tolima, dejando una carta pidiéndole al alcalde de su municipio que no permita que el ‘gota a gota’ arruine a más comerciantes como él.

La realidad muestra que este delito que inició en este país en la década de los 90, hoy es parte activa de la economía del país. 

Un informe de Datacrédito, la principal central de riesgo crediticio en Colombia, revela que uno de cada cuatro colombianos accede a este sistema de préstamos y que el perfil de los clientes “son personas con edades entre 36 y 45 años, de estrato uno, separados o en unión libre, y que no cuentan con tarjeta de crédito”.

La mayoría de personas que han caído en este modelo de préstamos son pequeños comerciantes o vendedores ambulantes.

También un estudio de la Universidad Central de Bogotá de junio pasado revela que el préstamo ‘gota a gota’ mueve cada día en Colombia más de $2.800 millones, cerca de un millón de dólares diarios, y que en promedio cada cuatro horas se captura a un cobrador. 

El 2018 fue uno de los años en los que se registró mayor actividad violenta por cuenta del ‘gota a gota’ en este país. Casos como el de Mónica Cortés o Yuli Ferrín, asesinadas a tiros en calles de Cali por no poder pagar sus deudas fueron un campanazo para las autoridades.

Ese 2018, según el mayor general Fabio Hernán López, jefe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín), fue un año en el que se propinaron importante golpes a estas estructuras delictivas. A través de las operaciones llamadas ‘Mercurio’, ‘Los Gota’ y ‘Los Prestamistas’ capturaron 30 personas que integran organizaciones criminales en Popayán y Barranquilla.

En la vigencia del presente año, indicó el alto oficial, “se logró la captura de 10 personas en Cali de la organización ‘Los Gota a Gota’ y 5 personas más en Barranquilla de la banda criminal ‘Los Gavilleros’, que utilizaban técnicas y métodos violentos para obligar el pago con altos intereses.

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Una fuente judicial que le ha seguido la pista a estos casos califica el ‘gota a gota’ como la esclavitud moderna. “Es un fenómeno que ahoga tanto a los deudores, que llevamos el caso de una persona que junto a su familia fingió su muerte y fue velado con el único propósito de evadir a los cobradores”.

Los créditos normalmente oscilan entre $100.000 (30 dólares) y $2.000.000 (600 dólares) cuyos principales clientes son vendedores ambulantes, transportadores, amas de casa y pequeños comerciantes. Sin embargo, hay otros créditos de mayor valor que se respaldan con vehículos y escrituras de bienes inmuebles.

Negociando con criminales

La pobreza, la necesidad y la exclusión del sistema financiero obligaron a las personas de escasos recursos en Colombia a tener acuerdos con bandas criminales. La mayoría de ellas surgidas tras el declive de los carteles tradicionales de la droga y el desarme de grupos paramilitares.

Solo en el Urabá antioqueño el Clan Úsuga controla más de 50 redes dedicadas a los préstamos ‘gota a gota’ bajo el mando de ‘Jimmy Luma’ y en el departamento de Córdoba son tres cabecillas los que controlan 75 estructuras de prestamistas. 

Esas organizaciones también controlan el microtráfico y la extorsión. En esa zona del país el negocio está en disputa con el grupo delincuencial Los Caparrapos.

En Antioquia son ‘Los Triana’, una banda delincuencial que estuvo al servicio del cartel de Medellín y que ha sido señalada de enviar jóvenes a otros países para abrir rutas y realizar labores de sicariato, también están detrás del delito y cobran tributos a otras bandas para actuar como ‘Los Cocuelos’ y ‘La Mesa’.

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Pero hay un antecedente que no pasa inadvertido para las autoridades en Colombia. En julio del 2012 fue capturado en Honduras Alexander Montoya Úsuga, ‘El Flaco’, segundo hombre de la banda criminal Los Urabeños, que luego migró de nombre al de Clan del Golfo, una organización que ha exportado delitos como el narcotráfico, extorsión, sicariato y ‘gota a gota’.

Montoya Úsuga, quien tenía encima nueve órdenes de captura en Colombia por diversos delitos, fue localizado en Las Ceibas y estaba, según las autoridades colombianas, bajo la protección del cartel mexicano de Los Zetas mientras buscaba irse definitivamente para México.

El segundo al mando del Clan del Golfo fue enviado luego a Colombia, pero en Honduras en los últimos cinco años han sido capturados 89 colombianos en la comisión de diferentes delitos, de los cuales 80 continúan en diversas prisiones de ese país. Varios de ellos sindicados o condenados por delitos conexos del ‘gota a gota’.

Mientras que en Bogotá hay una guerra callejera, con fusiles y cuerpos desmembrados en una lucha sin tregua por el control de los sectores marginales en los que más fuerza tienen las bandas criminales para labores de micro tráfico y créditos ‘gota a gota’.

Las regiones de Colombia con mayor afectación por estos préstamos, señala el Director de la Dijín, son los departamentos de Atlántico, Córdoba, Cesar, Sucre, Valle, Cauca, Antioquia y Tolima. “Se puede presentar algún tipo de relación con el narcotráfico por la misma situación de economía ilegal, la cual tiene conexidad con otros delitos”.

Este fenómeno del ‘gota a gota’, explica el oficial, “les facilita la legalización de dineros porque no se tiene un control directo sobre la procedencia de estos recursos. En algunas ciudades el negocio del ‘gota a gota’ mueve dineros de procedencia del narcotráfico y de extorsiones, utilizando a terceras personas para que le den margen de legalidad al dinero mediante fachadas comerciales”.

Luego de que los nuevos carteles de la droga, con capos menos visibles que los que hubo en los años 90, vieron la posibilidad de lavar dinero a través del ‘gota a gota’, “se dedicaron a insertar las ganancias en el mercado legal a través de inversiones que hacen personas a su nombre en joyerías, minería ilegal, la construcción, la ganadería, el mercado del reciclaje y chatarrerías”, detalla una fuente de la Fiscalía.

“Te puedo decir que hoy por hoy ni la Fiscalía, ni la Policía, ni los jueces, ni ninguna autoridad judicial sabemos con qué mano nos comemos ese problema desbordado del ‘gota a gota”, indicó el fiscal especializado, entre otras cosas porque los delitos que se les imputa son usura y quizá constreñimiento, que son excarcelables.

El otro lío para las autoridades, agrega el fiscal, “es que se suele capturar a los cobradores, el eslabón más débil en la cadena, los reemplazables, y es complejo tratar de armar un proceso contra los cabecillas y demostrar un enriquecimiento ilícito o concierto para delinquir que garantice, al menos, un proceso de extinción de dominio.

Obligados a transportar droga

Las bandas dedicadas a este esquema moderno de esclavitud han sumado constantemente otras variantes para lograr su propósito. De eso puede dar fe la sociedad caleña que se despertó en agosto del 2018 con una noticia trágica.

Una excursión que salió del Sur Occidente colombiano hacia Chile con un grupo de personas de la tercera edad había tenido un grave accidente cerca de Quito, en Ecuador, y 24 pasajeros perdieron la vida.

Días después, en medio de la investigación, se supo que el paseo había sido una invitación ‘gratuita’ y que el bus iba cargado de droga hacia el sur del continente utilizando a estas personas como distractor y que todo estuvo bajo el auspicio de una red de ‘gota a gota’, que usaría el dinero para préstamos en Perú o Chile.

Según la Fiscalía, la banda lleva varios años mimetizando cargamentos de drogas en buses de servicio turístico aparentemente y cuyo cabecilla utiliza cuentas a nombres de personas que recibían giros desde Chile, el país de América Latina de dónde más remesas se reciben cada año en Colombia.

Otro drama es el que vive Luz Miriam Medina, de 63 años. Su esposo agobiado por las deudas con los cobradores de ‘gota a gota’ se vio obligado a transportar droga hacia China, donde fue capturado junto a su hijo y condenados a pena muerte. Hoy vive en condiciones de miseria en la ciudad de Dongguan, ubicada en el sur de ese país.

A su llegada a Colombia, accedió a contarnos el cuadro dramático al que fue arrastrada su familia. “El ‘gota a gota’ tiene mucho que ver en el caso de mi esposo. Tuvimos una condición económica muy precaria y por necesidad tuvimos que acudir a estos prestamistas. Ya mi esposo había estado detenido en Pereira porque se enfrentó a golpes con ellos y finalmente debió acceder a viajar con droga ante las amenazas”.

Su esposo Walter fue capturado en agosto del 2012 y desde entonces vendió lo que tenía en Pereira y se radicó en China haciendo trabajos informales para comprar lo que su esposo y su hijo necesitan.

Un informe de la Fundación Nuevo Arco iris asegura que en Colombia, en municipios donde existe control de los excombatientes paramilitares, “dejan como prenda de garantía la vida de las personas o los hijos de las familias con “potencial” para ingresar en las bandas criminales”.

En Colombia la muerte de muchos jóvenes cobradores de ‘gota a gota’ se maneja como vendettas entre grupos criminales o delincuencia común.

Una de las medidas que ha desplegado el Gobierno de Colombia para contrarrestar este problema se dio el 25 de noviembre del 2008, cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-226/09 adicionó un inciso al Artículo 305 de la Ley 599 de 2000, aumentando las penas a los préstamos usureros ante la cifra de muertos en el país.

Hoy el ‘gota a gota’ en Colombia es un fenómeno tecnificado que se ofrece a través de internet y de redes sociales mediante empresas con registros autorizados en Cámaras de Comercio, por lo que algunas autoridades las califican como ‘franquicias’ criminales.

Hemos golpeado varias de esas empresas, asegura un investigador de la Fiscalía, “pero así los préstamos sean al 20% o al 60%, la gente firma documentos donde dice que el interés es del 3% o el 4% y no existe forma de demostrar un delito”.

“En Cali hay bandas criminales que ejercen un dominio territorial y llaman a los señores del micro tráfico y el ‘gota a gota’ y les dicen: ‘usted me va a trabajar a mí, me va a pagar una franquicia y yo le voy a garantizar seguridad con hombres armados y el derecho de piso que le garantiza que nadie más se va a meter a trabajar en su zona”, describe el funcionario.

Aclaran además las autoridades que el préstamo de dinero como tal no es delito, a menos de que se a masivo lo cual es muy difícil de demostrar. Lo que es punible es la violencia ejercida para realizar los cobros. Tanto que en la costa Caribe los prestamistas tienen el remoquete de ‘Los chuza ojos’, para dimensionar el daño que pueden causar.