Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos, que fue desvinculada de su matriz por las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro y entregada a la oposición, está en jaque por acreedores de la deuda de Caracas que podrían confiscarla. 

La petrolera con sede en Houston era un activo clave para la economía venezolana que le permitía vender crudo al mercado estadounidense y también actuaba como un intermediario ante el sistema financiero como garantía de la deuda. 

Antes de las sanciones impuestas en enero por el gobierno de Donald Trump, PDVSA exportaba diariamente 500.000 barriles de petróleo para ser procesados por Citgo, que tiene refinerías y estaciones de servicio en Estados Unidos.

Desde febrero, Citgo está dirigida por una junta designada por el líder opositor Juan Guaidó, que es reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino de Venezuela por considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegítimo. 

El martes, Guaidó nombró a Carlos Jordá como un nuevo presidente ejecutivo para Citgo con el objetivo de “salvaguardar y proteger ese activo”. 

Guaidó también conformó una Comisión Especial de Estudio y Protección de los Activos de Venezuela conformada por los economistas Ricardo Hausmann, Alejandro Grisanti y Ricardo Villasmil. 

En abril, la Asamblea Nacional, el Parlamento dirigido por Guaidó autorizó el pago de los intereses del bono PDVSA 2020 por 71 millones de dólares a los acreedores, para salvaguardar a Citgo, pero aumentan las dudas sobre qué pasara con un pago que debe ejecutarse en octubre.
   
‘Preparar la reestructuración’  
   
Citgo está en riesgo también por fallos judiciales adversos a Venezuela. 

El último el 30 de julio un tribunal estadounidense determinó que la minera canadiense Crystallex podrá confiscar acciones de Citgo para compensarse por la estatización en 2011 de una mina en Venezuela. 

En marzo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) determinó que Venezuela deberá pagar unos 8.700 millones de dólares a la petrolera estadounidense ConocoPhillips por su expropiación en 2007.

Hausmann dijo que el objetivo de su comisión es “preparar la reestructuración de la deuda externa para cuando llegue su momento”.

“Formalmente, lo que dice el bono 2020 es que los tenedores tienen garantías en las acciones de Citgo y tendrían el derecho de exigir que el juez tome las acciones y les cancele a ellos, eso es lo que tenemos que impedir que ocurra”, dijo Hausmann que además representa a Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A principios de agosto, Trump firmó un decreto que congela todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos.
   
Argumentos divergentes 
   
Grisanti defendió la semana pasada que “la orden ejecutiva es una señal muy clara que el Gobierno de EE.UU. no va a permitir que se pierdan los activos venezolanos mientras dure la usurpación”. 

Pero la firma de abogados Cleary Gottlieb que representa a un grupo de tenedores de deuda venezolana defiende que según las directivas emitidas hasta ahora por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC en inglés) las operaciones con los bonos 2020 de PDVSA están permitidas. 

“En base a las orientaciones que la OFAC ha aportado hasta ahora, nosotros entendemos que los intercambios de los bonos 2020, incluyendo una ejecución de la garantía que los respaldaba, sigue estando autorizada”, dijo la firma. 

Un funcionario del Tesoro dijo que “las directivas y autorizaciones del Tesoro sobre los bonos 2020 de PDVSA no se vieron afectadas por el decreto”.

Para el experto venezolano Mariano de Alba, se pudiera interpretar que esto abre la posibilidad de que sus tenedores ejerzan acciones legales en Estados Unidos. 

“Otra posible interpretación que podría ser confirmada por el Tesoro es que la nueva orden ejecutiva determine que inclusive en caso de incumplimiento de los términos y condiciones del bono PDVSA 2020, sus tenedores ya no tendrán la posibilidad de ejercer acciones para buscar hacerse con el control de Citgo”, dijo de Alba.

Para Francisco Monaldi académico del Instituto Baker de la Universidad de Rice, en Houston, ambas partes tienen prominentes expertos que sostienen argumentos divergentes, pero “al final la realidad política es que perder a Citgo sería costosa tanto para Guaidó como para la estrategia de Estados Unidos en Venezuela”.

“Creo que el gobierno de Trump protegería a Citgo de ser embargada por los acreedores”, dijo Monaldi.  

Para de Alba es necesario que el Tesoro aclare y defina su posición. “Depende del gobierno de Donald Trump, especialmente del Tesoro. O la protegen o permiten que eventualmente los acreedores de la deuda de PDVSA cobren sus acrecencias”, concluyó.