La compañía mexicana Cemex aseguró a través de un comunicado que sí hizo contribuciones económicas a partidos políticos, pero que no pagó coimas ni sobornos, luego de que la periodista Vicky Dávila en la revista Semana señalara que la compañía habría expandido su poder en el negocio del cemento a través de estos tipos de financiación.

“Cemex Colombia manifiesta que no paga coimas y sobornos para obtener adjudicaciones de proyectos públicos de infraestructura, lo cual, además resulta contrario a sus políticas internas”, manifestó la compañía en su momento. 

Igualmente, afirmó que como muchas otras personas naturales y jurídicas en el país realizó contribuciones económicas a diferentes partidos políticos “permitidas” por la legislación colombiana.

“Esta participación se realizó cumpliendo estrictamente la normatividad electoral y civil vigente y con estricto apego a los montos, tiempos, protocolos de registro y espacios normados para tal fin”, indicó la información.

De acuerdo con la columna de Dávila, Édgar Ramírez, exvicepresidente de Planeación de la compañía, asegura que se acercaron al gobierno de Juan Manuel Santos a través del programa de viviendas gratis, y, en concreto, menciona al ex vicepresidente Germán Vargas y a Carlos Jacks, exdirector ejecutivo de la multinacional en Bogotá.

El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, emitió un comunicado diciendo que “la periodista evidencia claro desconocimiento de los esquemas de selección, ejecución y desembolso de recursos en los programas de Vivienda Gratis y Vivienda para Ahorradores”, y precisó que hay “diferencias sustanciales” entre el Programa de Vivienda para Ahorradores (VIPA) con el de vivienda gratuita.

Henao señala que era “imposible” para el ministerio o Findeter saber cuáles eran los socios de la compañía.

“La evaluación de las propuestas presentadas en los procesos de selección, en todos y cada uno de los casos mencionados, la hizo Findeter, la cual elaboraba informes que se publicaban para observaciones de los interesados. En el proceso de evaluación no participaba ningún funcionario ni contratista del Ministerio de Vivienda”, indicó Henao.