La semana pasada, el Consejo de Estado emitió medidas cautelares frente a los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado fracking o estimulación hidráulica.

La decisión fue tomada por el magistrado de la Sección Tercera y vicepresidente de la Corporación, Ramiro Pazos Guerrero, al concluir que la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear una grave afectación al medio ambiente y a la salud humana.

“La medida cautelar es la suspensión de los actos administrativos mientras se decide el proceso de nulidad de forma definitiva, ya que es una medida que define suspender los efectos de las disposiciones del Gobierno Nacional, el cual no podría ejecutar las resoluciones hasta cuando no se decida a fondo el asunto a través de una sentencia” explicó Pazos.

De acuerdo con el magistrado, esta decisión se tomó por las conclusiones del control de advertencia efectuado por la Contraloría en 2012, en el cual señaló que “el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad provocadas por el fracking eran potencialmente riesgosas, con mayor razón si la técnica se desarrollaba en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos”.

La decisión establece la necesidad de ajustar las medidas para autorizar el uso del fracking frente al cuidado del medio ambiente y al principio de precaución. Además, resalta que son numerosos los estudios que prevén que el uso de esta tecnología puede tener un impacto negativo en la preservación del medio ambiente y en la salud humana.

“El despacho concluyó aplicar el principio de precaución, sí hay pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas al autorizar una técnica cuestionada”, indicó el Consejo de Estado, quien además explicó que antes de implementar el fracking se necesita allanar el camino para que sus daños potenciales y riesgos se puedan calificar como aceptables y manejables.

Ante esta decisión, Héctor Herrera, abogado ambientalista y vocero de la Alianza Colombia Libre de fracking, destacó que esta suspensión provisional se suma al proyecto de ley de prohibición que cursa en el Congreso de la República y al archivo de dos licencias ambientales solicitadas por ConocoPhillips y Canacol Energy para proyectos pilotos en el Magdalena Medio.

“Seguiremos utilizando las herramientas que estén a nuestro alcance para defender el agua y la vida. Es el momento de avanzar de manera decidida en la transición hacia las energías renovables respetuosas del ambiente en nuestro país”, agregó Herrera.

Sin embargo, ayer la ministra de Minas de Energía, María Fernanda Suárez, se pronunció sobre la medida cautelar emitida por el Consejo de Estado y dijo que interpondrán un recurso de súplica. “Haremos uso de los recursos que nos da la ley en el marco de un proceso judicial, que nos da unas instancias para que el Ministerio de Minas y el sector respondan, y haremos uso de ella”, indicó.

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Preocupación por abastecimiento

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) mostró su preocupación por las repercusiones que puede tener en el abastecimiento energético del país la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del fracking. 

“Respetamos la decisión del Consejo de Estado, pero vemos con preocupación las repercusiones sobre el abastecimiento energético del país ya que los recursos que se encuentran en los yacimientos no convencionales son fundamentales para garantizar en el largo plazo el suministro de gas natural”, indicó Naturgas.

La Asociación agregó que el fallo desconoce el trabajo de gestión del conocimiento realizado por el Gobierno Nacional con 24 expertos internacionales durante dos años, donde se estudiaron los riesgos potenciales de la actividad y se establecieron acciones para prevenir y mitigar dichos riesgos que garantizaran los más altos estándares ambientales y técnicos en la actividad.

Naturgas también indicó que los argumentos que soportan la decisión del alto tribunal se pronuncian sobre la resolución del Ministerio de Minas, pero omite la del Ministerio de Ambiente cuando “estas dos se complementan”. 

“Las dos resoluciones hacen parte integral del marco normativo. También omiten estudios internacionales que demuestran que la estimulación hidráulica en yacimientos no convencionales puede ser empleada de forma segura sin dañar el medio ambiente, que las operaciones de fractura no han provocado terremotos y que el fracking se puede emplear de manera controlada y segura”, explicó el gremio. 

En ese sentido, Naturgas indicó que la decisión genera incertidumbre jurídica en el sector ya que envía un mensaje negativo a los inversionistas que no verán en Colombia un país atractivo para la inversión. 

Finalmente, la Asociación apoyó la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en la Comisión de expertos que discutirán la viabilidad y el futuro de las actividades de fracking en el país, ya que los resultados serán fundamentales para aclarar las dudas que tiene la opinión pública y las diferentes entidades de las ramas del poder público.

La comisión está integrada por 10 profesionales en ingeniería, economía, biología, geología y derecho, quienes, además de crear mesas de trabajo con la comunidad, trabajarán en la evaluación de la regulación y en el impacto económico, para luego presentar sus recomendaciones.

¿Beneficios del ‘fracking’?

La Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) analizó los beneficios que traería para el país el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales (YNC), en donde se evidenció que el uso de la técnica del fracking representaría una oportunidad de generar ingresos fiscales por 1,5 billones de pesos anuales en impuestos, derechos económicos contractuales, dividendos y regalías. 

El informe destaca el impulso al desarrollo regional y el efecto positivo que un solo proyecto de YNC podría representar como la generación de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, la generación de 2.500 millones de dólares por concepto de regalías y un efecto multiplicador en impuestos locales asociados a la cadena de bienes y servicios. 

“En una coyuntura como la actual, en la que la sostenibilidad fiscal del Gobierno central no está garantizada, los Yacimientos No Convencionales representan una oportunidad para Colombia para generar los recursos requeridos para financiar los programas del Gobierno Nacional y el desarrollo social de los colombianos”, indicó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP. 

En lo relacionado con seguridad energética, el informe estima que con el uso del fracking se lograría incrementar las reservas de hidrocarburos del país y generar excedentes para exportar.

De acuerdo con el análisis, Colombia cuenta con un potencial de recursos de YNC de entre 3.000 y 9.000 MBEP, es decir entre 2 y 6 veces las reservas actuales probadas de petróleo. 

“Las reservas de petróleo provenientes de yacimientos convencionales se están agotando y en los últimos años hemos registrado una baja incorporación, tanto en crudo como en gas, este escenario no solo amenaza la autosuficiencia energética de Colombia, sino que agrava el problema macroeconómico, de ahí la importancia de incentivar la exploración y producción en nuevas fronteras geológicas, incluidos los YNC”, indicó Lloreda.

*Resumen de agencias